España

El PP pide no se imponga a hijos de militares estudiar en lenguas cooficiales

El PP defiende que la Ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas vele por que no se imponga la escolarización en catalán, gallego o vasco a los hijos de los militares que sean destinados a comunidades autónomas donde estas lenguas sean cooficiales.

El grupo popular en el Congreso ha presentado una enmienda a este proyecto de ley en el que se recoge esta petición y otras acciones de apoyo a los profesionales de las Fuerzas Armadas que tienen que hacer frente a traslados durante su carrera profesional.

El plazo de registro de enmiendas ha concluido hoy sin que PSOE y PP hayan propuesto cambios a las principales limitaciones que establece la ley, como son la prohibición de que los militares puedan afiliarse a partidos, formar sindicatos, participar en manifestaciones de carácter político o hacer huelga.

El PP ha presentado cerca de cuarenta enmiendas entre las que destacan las dirigidas a hacer más llevaderos los traslados de los miembros del Ejército a cuarteles de otras ciudades.

Las acciones de apoyo a la movilidad geográfica velarán por "la escolarización de los hijos de los militares y la salvaguarda de sus lenguas maternas", facilitándoles la enseñanza en castellano en aquellas comunidades autónomas que tengan otras lenguas oficiales.

El PP también defiende que se preste protección social a los militares que sean destacados fuera del lugar de establecimiento habitual de su unidad durante "períodos prolongados y en misiones internacionales", con el fin de poder atender sus necesidades personales y las de sus familiares.

Para ello, se pide al Gobierno que promueva la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos en materias como educación, sanidad y vivienda.

Otra de las medidas que plantea el PP es ofrecer a los militares "programas de reincorporación laboral acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e intereses profesionales".

El grupo popular pide que la futura ley recoja en su articulado el derecho a la libertad religiosa de los uniformados -que aparece en el preámbulo del texto- y la no discriminación por discapacidades que no impidan el ejercicio de la profesión.

El PP aboga por que la Ley de Derechos y Deberes se tramite al mismo tiempo que la reforma del régimen disciplinario militar, por lo que insta al Gobierno a enviarla al Congreso antes de abril.

Al mismo tiempo, propone que los arrestos impuestos por mandos -de un día a dos meses- puedan sustituirse por "días de multa" de la misma duración que las previstas para cada falta y con arreglo a lo que acuerde un juez.

Otras enmiendas registradas por el grupo popular pretenden dotar a la ley de la mayor seguridad jurídica posible y favorecer la participación de la asociaciones profesionales de los militares en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, el nuevo órgano que hará de interlocutor con Defensa.

Los grupos más críticos

El PP, al igual que CiU y PNV, ha registrado varias enmiendas para plantear cambios en la Ley de la Carrera Militar ante las quejas que ha provocado el sistema de integración de escalas.

El PSOE sólo ha presentado algunas enmiendas técnicas, aunque su portavoz de Defensa, Jesús Cuadrado, ha expresado a Efe su voluntad de negociar para mejorar la ley durante su tramitación en el Congreso.

Los grupos más críticos son IU y UPyD, para los que la ley es restrictiva y no da respuesta a las demandas de los militares.

IU ha presentado una enmienda a favor de que los uniformados puedan afiliarse a partidos políticos, aunque no a sindicatos.

CiU también defiende el derecho de los militares a inscribirse como simpatizantes de partidos siempre que estén en la reserva, al considerar que no vulnera el deber de neutralidad política.

El PNV propone que si los miembros de las Fuerzas Armadas son arrestados por una infracción penal, deberán ser presentados ante un magistrado para que se les garantice su derecho a ser juzgados.

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