El presidente de la SGAE, Teddy Bautista, ha decidido dar marcha atrás y no jubilarse, tal y como estaba previsto, en un principio, el próximo mes de junio. Aunque se había garantizado el año pasado una pensión vitalicia de 24.511,49 euros al mes y la posibilidad de seguir al frente de Arteria, el holding empresarial de la entidad, anunció
ayer que volverá a pedir el apoyo de la junta directiva el próximo mes de junio para seguir al frente de los autores.
"No me he planteado tirar la toalla. Yo trabajo estrictamente para los autores, no para el Gobierno ni para otras instituciones. Mientras ellos tengan confianza en mí, tengo que responder con una actitud valiente", aseguró ayer en una entrevista con Servimedia.
La SGAE tiene previsto celebrar elecciones dentro de dos mesesmediante un sistema de listas abiertas para elegir a la nueva junta, que eligirá al presidente. El problema es que tan sólo 12.600 socios de los más de 100.000 autores que constan en sus listas de socios tienen derecho a voto. El resto ni puede votar ni ser elegido, con lo que Bautista tiene prácticamente garantizado su apoyo. "Mi voluntar es seguir si renuevan la confianza en mí", indicó.
Defensor de polémica tasa
Una de las razones que podrían explicar su cambio de opinión podría estar en el canon digital. Hace dos años, el presidente de la SGAE aseguró en una conferencia pública que el "canon se paga y punto", pero después de que tanto el Tribunal de Justicia de Luxembugo como la Audiencia Nacional lo han declarado ilegal, las cosas han cambiado radicalmente. Bautista considera esta polémica tasa un asunto casi personal y no está dispuesto a que todo se vaya al traste, por lo que podría intentar seguir para intentar rescatarla, algo sumamente complicado, al menos, tal y como estaba establecida hasta ahora.
Contra las descargas online
El anuncio por parte del presidente de la SGAE se produjo pocas horas antes de que se conociera el borrador del Real Decreto que debe regular la Ley Sinde contra las descargas ilegales. El reglamento refuerza el procedimiento de mediación y arbitraje de la Comisión de Propiedad Intelectual. Enel caso de que se opte por una mediación entre el propietario de laweb de descargas ilegales y el titular de los derechos de autor que presente la denuncia, hay un plazo máximo de nueve meses para resolver el conflicto. Si se va a un laudo arbitral, que tendrá "carácter vinculante, ejecutable e impugnable", el plazo máximo para dictarse será de tres meses desde que se formulen las posiciones definitivas. En el caso de que no fuera posible ni uno ni otro, habría que ir por la vía judicial para cerrar páginas web.
Sin embargo, el concepto de laudo y su funcionamiento no ha sido muy bien acogido por los internauta y las plataformas contra el canon digital. "Es una aberración jurídica que el mismo que se nombra mediador acabe imponiendo la solución al conflicto" asegura Josep Jover, abogado que logró la anulación del pago del canon en la UE. Por otro lado, según dice, el hecho de que en el reglamento se deje la puerta abierta a ir contra aquellos contenidos que "sean susceptibles de causar un daño patrimonial al titular de derechos", permite ir directamente, contra los particulares.
Sin embargo, esta ambigüa frase también abre la puerta a la petición de la Coalición de Creadores, que ve indispensable que se persigan las páginas de enlaces. "No se puede ir sólo contra los contenidos ya que páginas de enlaces, contenidos y servidores forman una cadena" explicó Aldo Olcese, presidente del organismo.
La opinión de Olcese obedece al aumento de la piratería que recoge el estudio realizado por la consultora tecnológica IDC. Según los datos presentados ayer en Esade, en el segundo semestre de 2010 la tasa de piratería es ya casi del 80 por ciento del mercado total de contenidos culturales, con una cifra de 5.562millones.
Esta tasa supone aumentar un 8,6 por ciento la piratería d 2009. En el conjunto del pasado año la piratería supuso pérdidas por valor de 11.000 millones. Estas cifras son las que han llevado a los creadores a solicitar al Gobierno que la Ley Sinde persiga a aquel que vulnere los derechos de propiedad intelectual y no cese en su conducta, que se tipifique este delito, y que pueda ser penado con corte del acceso a Internet.
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La SGAE y sus socios 'olvidan' repartir 480 millones
