Tras la manifestación del pasado fin de semana como conclusión a las marchas de indignados de distintos puntos de España hacia Madrid, los 'indignados' del 15-M ya se han fijado un nuevo objetivo: boicotear la visita del Papa a España con motivo de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud.
Los 'indignados', a través de las redes sociales y las asambleas populares que organizan, están llevando a cabo diversas campañas para organizar una manifestación masiva el miércoles 17 de agosto, tan solo un día antes de la llegada de Benedicto XVI a Madrid y con el operativo de seguridad ya activo. Según informa hoy El Confidencial, la petición oficial del recorrido (desde Tirso de Molina hasta la Puerta del Sol) ya está hecha.
Más de 140 organizaciones se han adherido ya a la campaña "De mis impuestos al Papa, cero" y cientos de personas ha firmado un manifiesto, a través de las redes sociales, en contra de la subvención pública a la visita del Papa, que está presupuestada en unos cien millones de euros.
Cientos de carteles con una señal de prohibido sobre la figura del Papa Benedicto XVI se han repartido por la capital española, y se ha convocado a una gran marcha de disfraces "de obispos, monjas y monaguillos". Ante la posible prohibición de la autoridad gubernamental al recorrido previsto, ya hay varios recorridos alternativos para una concentración que se prevé masiva.
"De mis impuestos, al Papa cero"
La manifestación recorrerá el centro de Madrid el próximo 17 de agosto bajo el lema "De mis impuestos, al Papa cero". "Estamos en contra de esta forma de visitar un país a costa de los impuestos de toda la ciudadanía (...) y utilizando los centros públicos como albergues gratuitos para quienes vengan a verlo", aseguran.
Más de tres cuartas partes del coste de la visita se costeará por las administraciones públicas, y denuncian que se reciba al Pontífice con honores de jefe de Estado ya que "el Papa no viene en visita de Estado ni en representación de los pocos habitantes de El Vaticano. Viene en visita pastoral y privada".
El 15-M ya ha entregado 20.000 firmas en el Registro General de la Comunidad para hacérselas llegas a la consejera de Educación, Lucía Figar, y mostrar así su rechazo a la "financiación pública y la cesión de centros educativos y otros espacios en relación con la visita del Papa".
Los 'indignados' se plantean incluso la posibilidad de presentar querellas contra la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central "por el uso inapropiado de fondos y servicios públicos en esta visita de carácter privado e ideológico de Benedicto XVI".
Indingados con la Delegación del Gobierno
Ahora es la delegación del Gobierno la que tiene la palabra. La Comunidad de Madrid ya se ha posicionado e insiste en que debe de ser prohibida, incluso la propia presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, ha hecho públicas estas pretensiones. Sin embargo, los sindicatos policiales acusan a la delegada del gobierno de la pasividad que muestran frente a los 'indignados'.
Dolores Carrión, Delegada del Gobierno en Madrid, y su "inacción" son el centro de las críticas del sindicado policial Unión Federal de Policía (UFP) ya que, ante la previsión de unos altercados más graves que en las últimas manifestaciónes del 15-M, la culpan "por no enterarse de nada a pesar de ser la máxima responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Orden Público en la Región". UFP asegura que es ella quien ha de decidir "cuándo, cómo y por qué se carga o se desaloja" y, sin embargo, son ellos "el centro de críticas, insultos, ataques, menosprecios y provocaciones", por lo que "ahora" son los policías los que están "indignados".
También la Comunidad de Madrid está presionando a la Delegación del Gobierno. La intención del gobierno autonómico es que se impida el boicot de los 'indignados', en una situación parecida a lo que sucedió durante la jornada de reflexión en las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Esperanza Aguirre no entenderia que la delegada del Gobierno autorizara una manifestación "antipapa" y ha señalado que confía en que "al final" no se produzca.
Aguirre confía en que no se autorice
