España

Los contratistas de obra pública denuncian nuevos impagos de administraciones públicas a partir de enero de 2012

Reprueban la intrusión de empresas no especializadas en el sector, incluso, en la rehabilitación del patrimonio de Lorca

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

La Cámara de Contratistas de Obras Públicas de la Región de Murcia ha detectado que "algunas" administraciones públicas -sin precisar cuáles- no están pagando las certificaciones de obra corrientes emitidas desde el 1 de enero de 2012, y sospecha que las empresas proveedoras no van a ver satisfecha la deuda "en mucho tiempo" puesto que no confía en el desarrollo de un nuevo plan de pagos.

Se trata de un hecho de "gravedad extrema" que los contratistas exigen corregir a las administraciones públicas, según ha demandado en rueda de prensa el presidente de la Cámara, Luis Ramón Fernández, quien ha comparecido junto al vicepresidente de la Junta Directiva, Enrique Fernández-Delgado, y el secretario de la entidad, José María Riquelme.

A pesar de que el Gobierno central está ejecutando los planes de pagos puestos en marcha y cumpliendo los plazos, los contratistas creen que no va a haber más planes de este tipo, por lo que exigen a partir de ahora "el pago puntual y estable" de todas las certificaciones de obra, algo que "ya se ha incumplido en los primeros cinco meses del año", según Fernández.

En cualquier caso, ha remarcado que, si las administraciones públicas incumplen el pago en 2012, las empresas "son libres" de tomar medidas y de "asumir los riesgos que crean convenientes", ya que estos impagos son "un hecho gravísimo" y "si no hay dinero, los negocios se ven abocados al cierre y al despido de trabajadores".

"No invito a nadie a acudir a la Justicia, cada empresa es libre", ha puntualizado Fernández, quien ha recordado que "también ha habido empresas que se han adherido al plan de pagos y otras que han optado por la vía judicial". Así, ha recordado que, con la ley en la mano, las empresas pueden apelar "a la ley de contratos, que exige el pago en 30 días, o de morosidad, que amplía el plazo a 45 fías".

Fernández no ha querido especificar el montante que alcanzan estos impagos ni ha señalado a las administraciones que han incumplido la ley en estos primeros meses de 2012, algo que a su juicio "corresponde a las empresas destapar", aunque ha remitido a "las que incumplieron en 2011", entre las que ha citado tanto a comunidades autónomas como a ayuntamientos".

PROYECTOS "LICITADOS Y PARALIZADOS"

Por otra parte, Fernández ha lamentado que, últimamente, se están produciendo "suspensiones de varias licitaciones de obra pública, tanto de la Comunidad Autónoma como de los ayuntamientos" que alcanzan un importe de unos 50 millones de euros, y ha citado como ejemplo, "sin ir más lejos", las obras de las costeras de la ciudad de Murcia.

Han estimado que sólo la paralización de las costeras, que ya habían sido licitadas, van a suponer una pérdida de dos millones de euros para las 298 empresas que se habían presentado al concurso, por el coste de los avales técnicos y de los proyectos, entre otras cosas, mientras que el Ayuntamiento habrá gastado un millón de euros.

En esta misma tesitura se encuentran, según Fernández, el auditorio de Cehegín que supone un coste de 12 millones de euros, así como obras en Torre Pacheco y en Lorca que ya estaban licitadas y se han paralizado.

Por ello, ha demandado a las administraciones públicas el cumplimiento de los proyectos de inversión, cuya paralización "obliga a las empresas a cerrar y despedir trabajadores".

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