El Pleno de la Asamblea de Ceuta ha aprobado este lunes con el voto a favor de los tres grupos con representación en la Cámara autonómica (PP, 18 escaños; Caballas, 4 y PSOE, 3) la puesta en marcha de un plan urgente para atajar "el fraude en la gestión de las viviendas protegidas" en general y "el enriquecimiento ilícito" de los adjudicatarios que las alquilan en particular.
CEUTA, 28 (EUROPA PRESS)
La Corporación ha acordado encomendar a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) que utilice "todos los recursos informáticos posibles" y "la cooperación de los organismos oficiales que dispongan de información al respecto" para verificar que los adjudicatarios de casas protegidas las utilizan con arreglo a la norma y para "detectar irregularidades de uso e infracciones de la normativa aplicable a dichas viviendas que deban ser corregidas y reducir la morosidad".
La consejera de Fomento, Susana Román (PP), que ha sido la encargada de defender la propuesta a instancias de una iniciativa parlamentaria precedente de la coalición Caballas, se ha comprometido a dar cuenta en marzo de las actuaciones que se realicen a la Comisión Local de la Vivienda.
Un equipo de trabajadores de Emvicesa emprenderá una "especial persecución" contra los dueños de viviendas protegidas que se lucran con su alquiler con el establecimiento de un calendario de visitas "basado en criterios de antigüedad desde la última", grupos de reciente adjudicación, denuncia particular "o petición de algún departamento de la Ciudad Autónoma, entre otros criterios".
Las visitas será "aleatorias" y en ellas se requerirá al ocupante de la vivienda "la exhibición del documento necesario para comprobar la situación de uso (arrendamiento, compraventa u otro), levantando acta de la inspección y advirtiendo de las posibles infracciones detectadas". Los inspectores también podrán pedir al ocupante "la documentación acreditativa de encontrarse al corriente en el abono de la vivienda".
El Reglamento de desarrollo del Plan de Vivienda 2009-2012 y ayudas locales a la adquisición, alquiler y rehabilitación de viviendas y edificios aprobado por el Pleno en junio de 2010 establece contempla "la pérdida y devolución con los intereses legales de las ayudas económicas percibidas" y "la inhabilitación de la persona infractora para promover o participar en promociones de vivienda protegida o actuaciones protegidas por la Ciudad Autónoma durante el plazo máximo de tres años, para las infracciones graves, o de seis para las muy graves".
La normativa propia de la Ciudad de 2006 considera como infracciones "muy graves" por las que se pueden imponer sanciones de entre 1.501 y 6.000 euros el "percibir sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento de las viviendas protegidas, que sobrepase máximas establecidas en la legislación" o "dedicar las viviendas protegidas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso establecido en la cédula de calificación definitiva".
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