El Gobierno del Principado lamenta el fallecimiento del Fiscal Superior, Gerardo Herrero

El Gobierno del Principado de Asturias ha lamentado el "inesperado fallecimiento" de Gerardo Herrero Montes, Fiscal Superior del Principado. Desde el Gobierno asturiano en la misma tarde de ayer domingo trasladó las condolencias a la familia y a todos los profesionales judiciales asturianos. Lo ha hecho a través del presidente del Principado, Javier Fernández, y del consejero de Presidencia, Guillermo Martínez.

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

Javier Fernández remitió desde México, donde se encontraba de la misión empresarial e institucional de Asturias por varios países hispanoamericanos, un telegrama de pésame a la familia de Gerardo Herrero, en el que lamentaba la pérdida de un jurista que "desde diferentes responsabilidades profesionales contribuyó a la modernización de la Administración de Justicia asturiana".

Por su parte, Guillermo Martínez se desplazó al tanatorio de Los Arenales, en Oviedo, para acompañar personalmente a la familia de Gerardo Herrero y mostrar el reconocimiento del Gobierno de Asturias a un jurista que tuvo un destacado compromiso con la mejora de los servicios judiciales y su acercamiento a los ciudadanos.

Gerardo Herrero Montes, de 62 años, se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo en 1972 y, posteriormente, dirigió sus pasos profesionales a la Administración de justicia. Primero como secretario judicial, en el en el Juzgado número dos de Avilés, y posteriormente en la carrera fiscal, tras aprobar las oposiciones en julio de 1976. Su primer destino fue en Gerona donde permaneció poco más de un año cuando fue trasladado a Zamora, ciudad en la que permaneció hasta finales de 1984 cuando regresó a Asturias y pasó a ocupar la Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, creada ese mismo año.

Posteriormente asumió otras responsabilidades hasta que en agosto de 2003 sustituyó a Rafael Valero Oltra como fiscal superior del Principado de Asturias. En estos diez años fue protagonista de importantes cambios en la modernización del ministerio público y su acomodación a las nuevas necesidades de la administración judicial, con especial atención al desarrollo de fiscalías especializadas como las de medio ambiente, seguridad laboral o delincuencia económica.

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