España

Bonig justifica la demora en acciones contra Glass Levante por un vertedero incontrolado al no localizar a los dueños

23/04/2013 - 17:56

La empresa, que ya ha cesado su actividad en Bélgida (Valencia), ha recibido dos multas de 1.500 euros que no ha pagado

VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha justificado la demora a la hora de emprender acciones legales contra la empresa Glass Levante, que ocupaba los terrenos en los que ahora hay un vertedero incontrolado en el término municipal de Bélgida (Valencia), por la imposibilidad de localizar tanto al gestor de la actividad que se desarrolló en estos solares, como al propietario del terreno.

Así lo ha indicado la consellera durante su comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio en las Corts. Bonig ha comentado que la conselleria está actuando "en el marco de sus competencias" y para ellos ha dictado dos resoluciones en sendos expedientes por disciplina urbanística y por disciplina ambiental, dos multas coercitivas ambas de 1.500 euros --una de ellas en vía de apremio por la Conselleria de Hacienda- y "está en contacto con el Registro de la Propiedad de Albaida y con los Juzgados de Ontinyent para conocer la evolución en la titularidad de las parcelas".

La titular de Medio Ambiente ha manifestado que se han encontrado ante un caso en que la acción de la Administración "se está viendo dificultada por el cese de la actividad de la empresa, lo que demora la notificación de los distintos actos administrativos", y porque sobre las parcelas "penden diferentes anotaciones de embargo", como consecuencia de distintos procesos judiciales y de deudas con la Tesorería de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.

La empresa Glass Levante fue autorizada de 2001 a 2004 para desarrollar una actividad de recogida y transporte de diversos residuos no peligrosos y para la actividad de valorización de vidrio, envases y residuos relacionados con el mismo, actividad que comprendía la recogida, transporte, almacenamiento y valorización de vidrio. Posteriormente fue prorrogada la actividad en 2005 por la Conselleria.

Por otra parte, un vertedero se caracteriza por la eliminación de los residuos, bien mediante su transformación en otros productos bien mediante su enterramiento controlado y "esto no se daba en las parcelas señaladas", ha matizado.

La consellera ha indicado que desde la primera denuncia por parte del Seprona y en las distintas actas levantadas por la Policía Autonómica, éstas hablan de acopio de residuos y de almacenamiento de materiales, pero "no identifican la situación o la actividad con un vertedero", ha aclarado.

PRIMERA DENUNCIA EN 2008

A pesar de esto, a raíz de una primera denuncia del Seprona en 2008, la Conselleria abrió un expediente por posible infracción de la ley de residuos al advertir que la actividad carecía de licencia ambiental. El Ayuntamiento de Bélgida ordenó el cierre y clausura de la actividad de Glass Levante. Dado que la empresa carecía de Declaración de Interés Comunitario (DIC), la conselleria abrió un segundo expediente "por posible infracción urbanística", del que dio traslado al ayuntamiento en agosto de 2009.

Así pues se abrieron dos expedientes distintos y que la conselleria comunicó al ayuntamiento para que éste se abstuviera de actuar en materia de disciplina urbanística, evitando la duplicidad en el ámbito urbanístico. Esta comunicación del segundo expediente, por motivos de disciplina urbanística, "no impedía que el ayuntamiento prosiguiera sus actuaciones en materia de disciplina medioambiental", ha matizado.

El expediente de disciplina urbanística finalizó con una Resolución de 17 de junio de 2011 y ordenó la restauración de la legalidad urbanística y requirió al propietario de la parcela a que retirara los residuos y materiales depositados ilegalmente, así como a la ejecución de todas aquellas operaciones complementarias necesarias para devolver físicamente los terrenos al estado anterior a la vulneración. Además apercibía al interesado que se le impondrían multas coercitivas y se acodaría la ejecución subsidiaria a su cargo por parte de la Administración.

Transcurrido un tiempo sin noticias de la empresa, en julio de 2012 se procedió a la imposición de una primera multa coercitiva por importe de 1.500 euros. Esta resolución no pudo ser notificada a la empresa en su domicilio. Finalmente, por lo que se refiere al expediente de disciplina urbanística, este mes de abril la conselleria ha dictado una nueva resolución imponiendo una segunda multa coercitiva por importe de 1.500 euros, que está en fase de ser notificada a la empresa.

LA OPOSICIÓN PIDE "MÁS AGILIDAD"

El diputado del PSPV Francesc Signes ha pedido a Bonig un "esfuerzo" y que actúe con "más contundencia" a partir de la localización del gestor y del propietario de los terrenos. "Espero que no se quede en 3.000 euros de multa", ha deseado. Signes ha afirmado que el tema es "grave" para el ayuntamiento y los vecinos "porque si se ven las fotos --de los terrenos-- son terribles".

En abril de 2012 hubo un incendio en ese lugar "que le costó al Ayuntamiento de Albaida 3.500 euros". Signes ha apuntado que será "difícil cobrar las dos multas y además 3.000 euros es menos de lo que le costó al ayuntamiento apagar el incendio".

Por su parte, la diputada de EUPV Marina Albiol ha criticado la "falta de agilidad" por parte de la conselleria porque "han pasado cinco años" desde la primera multa y la empresa ya ha cesado su actividad. "Es inaudito que se resuelva todo con dos multas de 1.500 euros cada una", ha lamentado. Al mismo tiempo ha recordado que la Guardia Civil "tiene datos de que solo en la provincia de Valencia hay aproximadamente un centenar de vertederos ilegales, cuando según la normativa de la UE se tenía que acabar con ellos en 2009".

El diputado de Compromís Juan Ponce también ha criticado la "tardanza" de la conselleria a la hora de actuar porque "parece ser que los vecinos del pueblo saben donde estaban los propietarios" de los terrenos. "Sorprende que la Administración no lo pueda hacer y les cueste tantísimo localizarlos", ha finalizado.