España

El TC paraliza un desahucio por lo arbitrario de las decisiones del juez

Una pancarta contra los desahucios. Foto | EFE

El Tribunal Constitucional ha declarado nulos los autos y providencias dictados en abril y mayo de 2011 por el Juzgado de Primera Instancia número 31 de Madrid en un procedimiento de ejecución hipotecaria, que deberá volver a ser resuelto de forma "respetuosa" con el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva. 'Crowdfunding' contra los desahucios: así es la web que ha salvado la casa de 20 familias.

La Sala Segunda de este órgano otorga de este modo el amparo a una ciudadana frente a la ejecución hipotecaria que pesaba sobre la vivienda en la que residía con sus hijos.

La sentencia solo analiza si las decisiones del juez son irracionales y arbitarias, sin entrar a valorar si el juzgado debió paralizar el lanzamiento, por ser ésta una cuestión de legalidad que corresopnde decidir al juez civil y en la que el tribunal de garantías no puede entrar.

La demandante de amparo solicitó en dos ocasiones la suspensión del procedimiento de ejecución hipotecaria al plantear sendas cuestiones prejudiciales en las que se refería a la existencia de dos causas penales que podían incidir en su desahucio.

En la primera de ellas, formulada el 15 de enero de 2010, alegó la existencia de un procedimiento penal contra su ex cónyuge por un delito de abandono de familia; en la segunda, presentada el 9 de marzo de 2011, alegó la incoación de diligencias contra la entidad bancaria Cajamadrid, acreedora por posible delito de estafa procesal.

Las dos cuestiones prejudiciales fueron rechazadas por el Juzgado de Primera Instancia número 31, que en ambas ocasiones continuó la tramitación del procedimiento hipotecario. Según la demandante de amparo, en su respuesta a la petición de marzo de 2011, el Juzgado se negó a tramitar la cuestión prejudicial sobre la base errónea de que era la referida al ex marido y ya la había resuelto con anterioridad.

El Tribunal Constitucional aclara que el otorgamiento del amparo solo implica la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la primera de las resoluciones impugnadas. El Tribunal no puede entrar "a examinar o a ponderar" la "eventual capacidad de los hechos, cuya apariencia delictiva denunció la demandante", para determinar la suspensión de la ejecución. "Este juicio únicamente corresponde al juez civil", concluye.

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