España

Un juez incoa diligencias previas sobre la venta de 3.000 viviendas del IVIMA a Goldman Sachs

El juez de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto una investigación por la venta de 3.000 viviendas del IVIMA a Goldman Sachs a través de la empresa Azora Gestión, a raíz de la querella presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid contra la Comunidad por "malversación de caudales públicos y prevaricación continuada".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

En concreto, la querella fue interpuesta por los diputados regionales José Quintana y Antonio Fernández Gordillo, pertenecientes al Grupo Socialista, contra la directora gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid, Ana Gomendio, junto a "todas aquellas personas que resulten responsables a tenor de la instrucción que se practique".

Gomendio firmó la resolución de 6 de junio de 2013 por la que se dispuso la publicación de la convocatoria denominada 'Enajenación de 32 promociones (viviendas en arrendamiento o en arrendamiento con opción a compra, garajes, trasteros y locales) pertenecientes al Instituto de la Vivienda', con un presupuesto base de licitación de 168 millones de euros.

Según recoge el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se "incoan diligencias previas" pues "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

"No estando determinada la naturaleza y circunstancia de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente (...) instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable", señala.

Así, dispone que estas diligencias previas se incoen dando cuenta de ello al Ministerio Fiscal y que, "una vez se aporte la escritura de poder especial correspondiente o se ratifiquen en la querella presentada los querellantes, se acordará sobre su admisión a trámite".

El escrito señala que contra esta resolución puede interponerse recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación dentro de los cinco días siguientes a su notificación --el auto está fechado a 26 de febrero y notificado a 27 de febrero--.

Las promociones objeto de la venta se encuentran en Arroyomolinos, Collado Villalba, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Parla, Tielmes, Torrejón de Ardoz y Valdemoro, y suman un total de 2.935 viviendas, 2.849 plazas de garaje, 1.865 trasteros (todos ellos vinculados a la vivienda) y 235 garajes y 45 locales no vinculados, regulados según características de promoción pública.

Las viviendas fueron adjudicadas a la sociedad Azora Gestión por el importe de 201 millones de euros "por tratarse del candidato, entre los invitados, que con arreglo a los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones que rigen esta contratación, ha presentado la oferta más ventajosa".

Según el texto de la querella, para alcanzar el precio de mercado, que sirvió de presupuesto base y para la enajenación resultante, se tomó en consideración un informe elaborado por la Sociedad de Tasación, según el cual el valor de mercado libre por vivienda y anejos era 144.519 euros de media.

"Una sencilla operación matemática nos pone en antecedentes del negocio que se ha ofrecido, y adjudicado, a la empresa privada y la consiguiente pérdida patrimonial para la Administración pública que gozaba de un patrimonio en los términos indicados y que ha procedido, con un sencillo informe de cinco folios a fijar un precio que podríamos calificar como 'de regalo'", señala el texto.

"Esa sencilla operación aritmética determina que si el precio medio libre de venta en este momento es de 144.519 euros vivienda más anejos y son 2.935 viviendas las enajenadas, sin contar locales y plazas de garaje no vinculadas, el precio que el IVIMA debiera hacer solicitado por las viviendas arrojaría un valor actual de mercado de 424.163.265 euros, lo que representa un 251 por ciento de precio superior al tipo ofertado por el IVIMA o un 211 por ciento superior a la oferta finalmente adjudicada", prosigue.

En este sentido, subraya que aunque podría aducirse que el precio de mercado no se iba a obtener habida cuenta del estado del mercado inmobiliario, tomando como referencia el precio más barato de los indicados en el informe de tasación (valor protegido mínimo a fecha opción de compra) de 126.053 euros y sin contar locales y plazas de garaje no vinculadas, arrojaría un valor mínimo de 369,9 millones de euros al multiplicarse el citado precio por las 2.935 viviendas, "lo que representa un 219 por ciento de precio superior al tipo ofertado por el IVIMA o un 184 por ciento superior a la oferta finalmente adjudicada".

LIQUIDEZ INMEDIATA

Asimismo, apunta que "10 de las 32 promociones en venta, que representan 634 viviendas, fueron construidas en 2007 por lo que su opción de compra es ejercitable ya en este 2014, razón por la cual, la Administración podría haberlo vendido a los arrendatarios titulares del derecho de superficie obteniendo de este modo, ya en 2014, y al precio mínimo que se indica en el informe de tasación (128.053 euros)", 81,1 millones de euros. Es decir, que "prácticamente la mitad del tipo de subasta que fijó la Administración se podría obtener con sólo vender a sus titulares las 10 promociones cuyos siete años se cumplen en el año 2014".

En la misma línea, agrega que "con las promociones y viviendas cuya opción vence en los años 2014, 2015 y 2016 se superaría el tipo planteado por la Administración para un total de 1.406 viviendas y no de 2.935 viviendas como se ha transmitido".

A juicio de los socialistas, por todo ello, "carece totalmente de sentido económico la enajenación planteada si no es más que para favorecer a cualquier precio a una empresa privada", o bien para "conseguir liquidez inmediata para la Administración sin reparar en que con sencillas operaciones aritméticas se podría haber vendido a los propietarios, hoy arrendatarios, del derecho de opción de compra".

PUNTO DE VISTA DE LOS ARRENDATARIOS

Por otro lado, para los socialistas, "el asunto es bastante más curioso" desde el punto de vista de los arrendatarios que tienen un derecho de opción de compra sobre las viviendas.

A este respecto, explican que la sociedad adjudicataria se ha adjudicado cada una de las viviendas al precio de 68.483,81 euros vivienda+anejo de media. "Subrogada la adjudicataria en la posición del IVIMA, ésta ofrecerá cada una de las viviendas al precio mínimo de venta, esto es, 128.053 euros obteniendo de esta forma unas plusvalías del 187% por vivienda", sostienen.

Precisamente, el portavoz parlamentario socialista, Tomás Gómez, exhibió en el último debate sobre el estado de la región, celebrado en septiembre, una carta de uno de los afectados alertando de esta problemática y pocos días después adelantó que llevarían el tema a los tribunales por "quebranto patrimonial".

En definitiva, los socialistas aseguran que se trata de "un completo dislate patrimonial para el Instituto de la Vivienda de Madrid que por la gravedad, cuantía y procedimiento sólo se ha podido cometer con una más que evidente intencionalidad, conscientes de la ilicitud de la venta y para favorecer al adjudicatario, con evidente desprecio por los bienes públicos", según la querella.

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