Madrid, 29 abr (EFE).- La Federación de Servicios de UGT ha denunciado hoy que los recortes en los servicios públicos "han llegado para quedarse" y ha criticado la excesiva externalización del empleo público, al tiempo que ha advertido de la pérdida de 374.000 empleos en ese sector en lo que va de legislatura.
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Julio Lacuerda, ha afirmado en la presentación del informe "Menos servicios públicos, menos derecho, menos empleo" que los recortes presupuestarios en el sector han ido acompañados de un "revisionismo legal permanente" que consolida -en su opinión- la reducción del presupuesto público más allá de la crisis.
Lacuerda ha advertido de que los servicios públicos se encaminan hacia "un cambio de sistema" y ha alertado de que las externalizaciones generan más costes y peores servicios, como en el caso del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que -ha criticado- no es capaz de gestionar las indemnizaciones por falta de personal.
El estudio de UGT que comprende los años de 2011 a 2015 señala que las administraciones públicas gastaron 24.000 millones de euros en externalizaciones durante 2012 cuando se subcontrataron 116.000 servicios públicos.
Ha denunciado que los empleos que se han perdido primero eran los puestos interinos, que en su opinión no se consolidaron porque "eso es lo que ha permitido reducir el empleo" después.
"Incluso se blindaron para que en la administración pública los ERE sólo pudieran ser de extinción", ha recordado, en referencia a un Real Decreto que desarrollaba la Reforma Laboral.
Además, Lacuerda ha sugerido que la externalización de servicios públicos ha generado formas de contratación por parte de la administración que podrían resultar fraudulentas, como por ejemplo becarios o autónomos ofreciendo servicios públicos.
Según el informe, la sanidad y la educación han perdido, respectivamente, un 9,1 % y un 21,20 % de financiación por los Presupuestos Generales del Estado, mientras que el gasto en cultura ha caído un 31,1 % y los recursos destinados a desempleo en un 16,6 %.
La única partida de gasto social que subió es la de las pensiones con un incremento acumulado en los cuatro años del 16,3 %, que el informe atribuye al aumento de pensionistas y no de las cuantías, que en los últimos cuatro años han aumentado entre un 1 % y un 0,25 %.
La Federación de Servicios de UGT ha lamentado que la reducción de servicios públicos, la aplicación rigurosa del artículo 135 de la Constitución para "reducir la inversión pública y social con la excusa de la reducción del déficit" y la supresión de empleados públicos y el empeoramiento de sus condiciones laborales son "las premisas de toda la legislatura del PP".
Lacuerda ha criticado que todo ello se haga sin diálogo social, y que "el Gobierno no enfrente ni proponga un plan de choque con los sindicatos".
Según varios estudios que recoge el informe de UGT, los ciudadanos perciben un fuerte deterioro de los servicios públicos durante los años de crisis.
Un sondeo del CIS de abril de 2013 revela que un 55,5 % de los españoles consideraban el funcionamiento de los servicios públicos "poco o nada satisfactoria", mientras que las quejas al Defensor del Pueblo ascendieron a casi 24.000 en 2014.
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