España

El Tribunal de Cuentas aprueba el informe de fiscalización de la Universidad de La Rioja del 2012

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el 'Informe de Fiscalización de la Universidad de La Rioja, ejercicio 2012', según ha informado la institución en un comunicado.

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)

Las cuentas del ejercicio 2012 de la Universidad de La Rioja (UR) han sido aprobadas y remitidas en plazo al órgano competente, y han sido rendidas en plazo al Tribunal de Cuentas por la Intervención General de La Rioja, junto con la Cuenta General de la Comunidad Autónoma.

Dichas cuentas fueron auditadas por una empresa externa, posibilidad recogida entre las competencias del Consejo Social en el art. 3 de la Ley 6/2003, de 26 de marzo, del Consejo Social de la Universidad de La Rioja. Además, incorporan como anexo a las mismas el informe de auditoría externa de las cuentas de la Fundación General de la Universidad de La Rioja y las cuentas de la Fundación Dialnet, las cuales deberían ser objeto de aprobación expresa por el Consejo de Social.

Tanto la FUR como la Fundación Dialnet están pendientes de clasificación en el inventario de entes dependientes de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por lo que sus cuentas anuales no se han integrado en la Cuenta General del Sector público fundacional de la Comunidad.

En el ejercicio fiscalizado no estuvo vigente acuerdo o marco regulador alguno que contemplase la financiación, por parte de la Administración autonómica, a la Universidad, por lo que el modelo de financiación existente en el ejercicio 2012 se limita a las previsiones contenidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Esta situación hay que considerarla contraria a lo dispuesto en el art. 81.1 de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) y a los principios de eficiencia y racionalidad exigibles a ambas administraciones.

GESTIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA

De los aspectos examinados relativos a la gestión económico-financiera de la Universidad, destacan, por el lado de los ingresos, la importancia en su financiación de las transferencias de la Comunidad Autónoma, pues suponen su principal fuente de financiación, con unos derechos reconocidos en el ejercicio 2012 de 33.552.000 euros, sobre un total de 43.230.000 euros. La evolución de los derechos reconocidos en el periodo 2008-2012 supone un incremento del 1 por ciento, mientras que las obligaciones reconocidas en el mismo periodo han disminuido un 10%, correspondiendo la reducción más relevante, en términos absolutos, al Capítulo 6, inversiones reales, por 5.357.000 euros, mientras que los gastos de personal se han incrementado en 659.000 euros, lo que supone un 2 por ciento en dicho periodo.

Por el lado de los gastos, hay que señalar un elevado grado de modificación de los presupuestos iniciales, el 18 por ciento, alterando significativamente los créditos inicialmente aprobados. Esta situación se viene poniendo de relieve en los Informes sobre esta materia emitidos por este Tribunal y debe considerarse contraria a las prescripciones y exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto máximo.

Entre las restantes conclusiones, cabe destacar el saldo presupuestario y el resultado presupuestario obtenidos en el ejercicio, pues presentan saldos positivos de 2.893.000 y 1.373.000 euros, respectivamente; el remanente de tesorería resultante a final del ejercicio 2012 asciende a 13.447.560 euros, del que la parte afectada de dicho Remanente asciende a 8.394.000 euros, del que la parte afectada de dicho Remanente asciende a 7.555.000 euros; el endeudamiento con entidades financieras mantenido por la Universidad a 31 de diciembre de 2012 asciende a un total de 5.612.000 euros, de los que 3.080.000 euros figuran a largo plazo, y el resto a corto plazo; los recursos humanos de que dispone la Universidad (funcionarios y laborales), a 31 de diciembre de 2012, ascienden a un total de 738 personas, de manera que el personal vinculado jurídicamente con la Universidad ha experimentado en el periodo 2008-2012 una disminución del 8 por ciento en su conjunto.

La mayoría de los indicadores propuestos para evaluar la actividad investigadora de la Universidad muestran una evolución positiva de la misma, analizándose respecto de la docencia una serie de indicadores que corresponden a la oferta educativa superior -oferta académica, créditos impartidos, evolución de plantillas, dedicación del profesorado, etc.- como los atinentes a la demanda -número absoluto y evolución tendencial en un periodo dado respecto de variables como alumnos matriculados por primera vez, el total de matriculados, de egresados, créditos matriculados, etc.-.

En cuanto a la dedicación del profesorado en docencia, medido como los créditos impartidos por profesor equivalente, el indicador refleja un cierto sobredimensionamiento del mismo en relación con el número de alumnos existentes, que se ha mantenido en términos muy semejantes y muy por debajo de lo legislado durante todo el periodo considerado, no obstante la mejoría alcanzada en el último curso. Teniendo en cuenta que se produjo una modificación en este ámbito por medio del Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, y que el sentido de la misma no ha sido pacífico, habrá que verificar sus efectos en los cursos posteriores al analizado.

La Universidad no había implantado un sistema de contabilidad analítica en los ejercicios fiscalizados, tal como establecía la Disposición Adicional 8ª de la LOU, y que el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril ha venido a establecer con un horizonte temporal que alcanza como máximo el curso universitario 2015/2016, al fijar en su art. 6.5 los umbrales de los precios públicos a fin de acercarlos a los costes incurridos en la prestación de este servicio público.

Entre las principales recomendaciones dirigidas a la Universidad fiscalizada, a partir de los resultados del Informe, se encuentran las siguientes: la Fundación General de la Universidad de La Rioja debe ser considerada dependiente de la Universidad; la Universidad de La Rioja debe presupuestar y ejecutar los gastos de personal con estricto cumplimiento de la normativa aplicable, de manera que los gastos de personal reflejados en el Capítulo 6 de su presupuesto de gastos deben incluirse en el Capítulo 1, o solicitar de los órganos competentes adaptaciones a dicho régimen legal.

Además, la Universidad debe adoptar un procedimiento de gestión de tesorería a fin de realizar una actuación más eficiente y racional, así como necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones legales emanadas de la administración regional; y, finalmente, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberían especificarse con más precisión los métodos o formas de asignación de los puntos de los baremos correspondientes a los diferentes criterios de adjudicación.

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