España

El Parlament pide una "policía fiscal" y un salario mínimo de 1.000 euros

Se compromete a no bajar el sueldo de los funcionarios durante la transición nacional

Se compromete a no bajar el sueldo de los funcionarios durante la transición nacional

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El Parlament ha aprobado este jueves varias medidas contra la pobreza que, aunque no se implementarán a corto plazo, son remarcables por su contenido, como crear una "policía fiscal" contra el fraude o subir el salario mínimo hasta los 1.000 euros al mes.

Son propuestas que presentaba JxSí y que, aunque no figura explícitamente, están pensadas sobre todo para desarrollarse en una eventual Catalunya independiente, con las plenas competencias de un Estado.

La policía fiscal estaría "especializada en el fraude fiscal de mayor trascendencia, y que colaborará con las autoridades judiciales y el ministerio Fiscal en la persecución de la delincuencia económica".

El salario mínimo de hasta 1.000 euros al mes es una propuesta de JxSí para lograr equiparar los sueldos de los catalanes a lo estipulado en la Carta social europea, que indica que lo mejor es que los ingresos mínimos sean del 60% del salario medio.

JxSí también ha presentado otra de las propuestas peculiares que han prosperado en el pleno monográfico sobre pobreza y reactivación económica, que se centra en reclamar al Govern que se abstenga de cualquier actuación que afecte a salarios e inmuebles públicos "durante el periodo de la transición nacional previo al inicio del proceso constituyente y mientras se esté llevando a cabo".

Concretamente, pide que no reduzca el salario de los empleados públicos ni venda activos mobiliarios vinculados a empresas públicas o nuevas vendas de activos inmobiliarios: "Se exceptúan de esta prohibición los procesos de venta activos que se hayan aprobado con anterioridad, así como los relativos a los programas de impulso y fomento del sector productivo".

DESAHUCIOS SIN MOSSOS

El pleno monográfico también ha votado una propuesta de resolución de la CUP para ordenar que los Mossos d'Esquadra no intervengan en acciones de desahucio, pero no ha prosperado porque han votado en contra el resto de grupos menos SíQueEsPot.

Tampoco ha salido adelante una proposición de resolución del PP para aumentar la confianza de los actores e inversores económicos "garantizando el cumplimiento del Estado de derecho y la estabilidad política e institucional", en alusión al proceso soberanista.

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