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El Valencia CF exige a Riba-roja 25 millones como compensación por la anulación del PAI de Porxinos

20/06/2016 - 18:21

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha recibido un requerimiento del Valencia CF en el que le reclama el pago de 25 millones de euros como compensación por la anulación del PAI de Porxinos por parte del Tribunal Supremo en el caso de que el nuevo plan tampoco salga adelante. El nuevo plan está actualmente en la Conselleria de Medio Ambiente para se pronuncie sobre el posible impacto ambiental y la viabilidad técnica del proyecto urbanístico.

VALENCIA, 20 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado el consistorio en un comunicado, en el que asegura que "estas reclamaciones forman parte de la estrategia del Valencia para obtener una respuesta positiva de las administraciones local y autonómica sobre el nuevo programa urbanístico que presentó a mitad del mes de marzo".

Con ese nuevo plan "intentaba conseguir el beneplácito tras la decisión del Tribunal Supremo de tumbar este programa urbanístico en el que están previstas la construcción de 2.400 viviendas, un campo de golf y zonas deportivas sobre una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo reclasificado".

Desde el Ayuntamiento han explicado que el Valencia CF renunciaba a reclamar, a través de su empresa Litoral del Este como agente urbanizador, una indemnización por la anulación del PAI "condicionada a la tramitación y aprobación de un nuevo programa de actuación integrada en el Mas de Porxinos y a mantener las aportaciones realizadas por el agente urbanizador", fijadas en un total de 25 millones de euros, según el escrito presentado el 19 de noviembre de 2014.

Sin embargo, el urbanizador pretende conservar ahora el derecho al resarcimiento del daño ocasionado por la anulación del PAI y, por ello, ha registrado el escrito de responsabilidad patrimonial contractual para el caso en el que el nuevo plan no reciba el beneplácito de la Generalitat y del ayuntamiento antes de que finalice el plazo de un año desde que se conoció la sentencia del Supremo, el 17 de junio de 2015.

Así, según las mismas fuentes, pretende recuperar los 25 millones que en su momento invirtió en el primer plan urbanístico: 5,4 millones en concepto de los derechos de aprovechamiento de los terrenos; 15 millones en inversiones de mejora en la piscina, en el centro de salud, la rehabilitación del molino junto al río y las aportaciones para el metro; 4 millones para los gastos generales de tramitación del plan y alrededor de 1 millón de euros por las indemnizaciones para los propietarios afectados.

En el caso de que el Ayuntamiento de Riba-roja no asuma la responsabilidad patrimonial contractual y devuelva los 25 millones, el consistorio anuncia la exigencia de una "responsabilidad patrimonial extracontractual" cuya prescripción el pasado 17 de junio para que aporte la misma cantidad de dinero ante un posible rechazo al nuevo plan Porxinos por parte de la administración autonómica. El urbanizador aduce costes económicos de los proyectos técnicos, costes de la operación financiera, indemnizaciones de la operación financiera y los tributos satisfechos.

El Ayuntamiento de Riba-roja ha creado una comisión de investigación para que aborde un posible tráfico de información privilegiada en el proceso de compra de los terrenos por parte del promotor del programa urbanístico y ha citado a declarar al ex alcalde Francisco Tarazona, y a los ex presidentes del Valencia Juan Soler, Manuel Llorente y Amadeo Salvo, además del ex conseller Rafael Blasco, actualmente en prisión.

SITUACIÓN "CRÍTICA"

El alcalde de la localidad, Robert Raga, ha manifestado que las reclamaciones patrimoniales "son la consecuencia lógica de la desastrosa gestión del Partido Popular en la tramitación y gestión del PAI de Porxinos" y el actual equipo de gobierno le van a exigir "las responsabilidades políticas y económicas pertinentes para que afronten ellos las exigencias económicas del urbanizador, ya que en su momento les advertimos repetidamente de que no se gastasen el dinero que contemplaba el convenio firmado entre ambas partes pero obviaron cualquier solicitud".

Raga ha añadido que estas exigencias "pueden poner en una situación muy crítica la viabilidad económica del ayuntamiento, ya que el dinero que en su momento ingresó por el convenio ya se ha gastado completamente".

Tras la anulación del PAI de Porxinos los bancos, como propietarios de los terrenos que en su día vendió el Valencia a la empresa Nozar pueden exigir al urbanizador la devolución de los 160 millones de euros de la venta. A su vez, el Valencia puede hacer lo propio con los 25 millones de euros que en su día destinó al Ayuntamiento de Riba-roja en inversiones de mejora que ya se ha gastado.