El Congreso sigue pagando una indemnización de 2.813 euros al mes a 23 diputados de la legislatura que concluyó con las elecciones del pasado 20 de diciembre, y se prepara para empezar a abonar en las próximas semanas la que corresponde a los parlamentarios que dejaron de serlo como consecuencia de las generales del 26 de junio.
En los últimos siete meses ha habido tres remesas de diputados que han tenido que dejar el Congreso: los que no lograron renovar sus escaños en diciembre; los que sí consiguieron acta, pero la perdieron en mayo con la disolución de las Cortes, y los que han sido diputados hasta el pasado lunes por haber formado parte de la Diputación Permanente, pero ya no tienen puesto en la Carrera de San Jerónimo.
Los que cesan definitivamente (ya fuera en diciembre o ahora) tienen derecho a la denominada indemnización por cese si han tenido escaño durante un mínimo de dos años. Esta suerte de 'paro' no se puede compatibilizar con ninguna otra retribución, sueldo, salario, pensión, dieta, indemnización o percepción de cualquier naturaleza, sea de carácter público o privado.
Y, por su parte, los que dejaron de serlo en mayo cuando se disolvieron las Cortes y no se integraron en la Diputación Permanente, pudieron solicitar la conocida como indemnización de transición y cobrar el equivalente a dos meses de su sueldo. Así lo hicieron 203 diputados de entonces, que recibieron el correspondiente pago único.
El Congreso tuvo que compatibilizar el pago de las indemnizaciones por cese de diciembre con las de transición de mayo, y ahora tendrá que pagar en paralelo a los cesados a finales de 2015 y a los que lo han sido ahora al arrancar la nueva legislatura, siempre y cuando tengan un mínimo de dos años de trayectoria parlamentaria, lo que excluye a los que se estrenaron en enero.
Incompatibilidad con otras retribuciones
Dado que esas indemnizaciones por cese no se pueden percibir si se cobra otra retribución pública o privada, algunos de los exdiputados que la pidieron en diciembre dejaron de percibirla al encontrar trabajo, como fue el caso de exministros como la popular Ana Mato o los socialistas Jesús Caldera y Trinidad Jiménez.
Entre los 23 que a finales de junio aún la percibían, figura el popular Ignacio Gil Lázaro, que fue miembro de la Mesa del Congreso en la X Legislatura, y que aún podrá cobrarla durante 19 meses más hasta llegar al máximo de dos años que fija el Reglamento de pensiones parlamentarias. En total percibirá 67.532,88 euros.
Durante 15 meses más, hasta otoño de 2017, la podrá cobrar la exdiputada del PSC Isabel López i Chamosa, que tiene derecho a una veintena de mensualidades (56.277,4 euros en total), mientras que el socialista Julio Villarrubia, podrá hacerlo durante 13 meses más, hasta alcanzar los 19 cobros a los que tiene derecho (53.463,53 euros).
El secretario general del PCE, José Luis Centella, quien ejerció como portavoz parlamentario de IU hasta diciembre, también figura entre los beneficiarios de esta indemnización, que podrá percibir otros once meses (hasta primavera de 2017) y que, de completar ese periodo, sumará 33.766,44 euros. En total, si todos los que aún la cobran reciben todas la mensualidades y no se ven obligados a renunciar a ella por encontrar un trabajo, la Cámara todavía tendrá que abonar más de medio millón de euros por estas indemnizaciones.
