España

La mujer de Bárcenas y el ex de Mato piden la nulidad del juicio de Gürtel porque sus delitos fiscales han prescrito

  • "Son causas que están archivadas en la fase previa de investigación"
  • Un exdiputado del PP acusado: "Me han confundido con otra persona"
El banquillo de acusados del juicio de Gürtel. Imagen: EFE

"Los delitos han prescrito desde 2012, no se le puede acusar ni juzgar". Así de contundente se ha mostrado la defensa de Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, este miércoles en la Audiencia Nacional en la segunda jornada del juicio de la red corrupta Gürtel. Unapetición a la que poco después se sumaba el abogado del exmarido de Ana Mato, Luis Sepúlveda. Correa ofrece confesar a cambio de rebajar su pena.

"Son causas que además están archivadas en la fase previa de investigación a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid", aseguró la abogado Marta Giménez, en referencia a los presunto delitos contra Hacienda por los que se ha procesado a Iglesias. Hay que tener en cuenta que lo que se juzga ahora es la primera época de la red Gürtel, de 1999 a 2005 después de una instrucción que ha durado siete años.

La abogado reclama la nulidad de la causa además porque, según dice, se la siguió investigando por parte de la Agencia Tributaria pese a haber concluido ya la fase de instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción pide para la mujer del extesorero popular un total de 24 años y un mes de prisión por los delitos de apropiación indebida, delitos contra la Hacienda Pública, estafa procesal y blanqueo de capitales. Su abogado ha insistido, sin embargo, en que "no ha tenido posibilidad de derecho a la defensa y siempre ha estado relacionada con Bárcenas"

Durante la presentación de las cuestiones previas, la defensa de Rosalía Iglesias ha reclamado asimismo la nulidad de los datos aportados por las autoridades suizas y ha reclamado que se le dispense de la obligatoriedad de acudir a las sesiones de la vista oral. Rosalía Iglesias se suma así a las peticiones hechas este martes por su marido.

También Alberto García Muñoz, abogado de Jesús Sepúlveda, exalcalde la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y exesposo de Ana Mato, ha cargado con dureza contra la Fiscalía Anticorrupción durante su intervención en la segunda jornada del juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional. "La fiscalía llevó a cabo una actividad frenética e inquisidora contra Sepúlveda para buscar pruebas", aseguró para detallar después que no hay nada que demuestre la implicación de su defendido en contratos adjudicados a la trama.

"Se ha vulnerado su derecho a la defensa porque se le ha acusado de irregularidades después de haber prestado declaración y sin preguntarle por lo tanto por ello. Todos los informes y diligencias sobre los hechos atribuidos a Sepúlveda por presuntas adjudicaciones a empresas de Correa son posteriores", aseguró. Al igual que la defensa de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas, el letrado del exalcalde de Pozuelo defendió también que los delitos de los que se le acusa habrían prescrito en 2012. Es algo que ha solicitado también la defensa del exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. 

"Se han confundido de persona"

Por otra parte, la defensa del exdiputado del PP Jesús Merino ha pedido que testifique en el juicio otra persona con la que comparte nombre y primer apellido y con él que se le habría confundido. Todo ello al considerar que podría tratarse en realidad de aquel al que hace referencia la investigación. El letrado, Luis Rodríguez Ramos, ha recordado que ya reclamó en su día la declaración de este hombre -Jesús Merino Calvo-, algo que fue rechazado, en referencia a los documentos y conversaciones intervenidas durante la investigación de la trama de corrupción.

Los magistrados que componen el tribunal, Ángel Hurtado -presidente y ponente-, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, juzgan el entramado societario que organizó Correa junto a Crespo, en el que utilizaron sus contactos con responsables del PP para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos, el pago de comisiones y dádivas y ocultar al fisco las ganancias que ascienden a más de 40 millones de euros, según la Fiscalía. En total, 37 personas, entre políticos y empresarios.

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