España

La Junta trabaja ya para aplicar 112 medidas derivadas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Alicia García detalla las 23 propuestas de Castilla y León que se han incluido en el documento estatal

VALLADOLID, 29 (EUROPA PRESS)

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha puesto sobre la mesa en una reunión extraordinaria de la sección de Género del Observatorio de Castilla y León las 112 medidas que la Consejería va a aplicar de las 200 que se han incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado este jueves en el Congreso de los Diputados.

De esa cifra total, ha asegurado que de esos dos centenares de medidas recogidas en el documento estatal 23 iniciativas fueron propuestas por Castilla y León, de entre las cuales ha destacado la aportación del denominado por la Administración regional 'coordinador de caso' como ejemplo para la figura del profesional de referencia para la víctima que se incluye en el Pacto.

Con este documento, que prevé el reparto de 500 millones de euros entre las Comunidades Autónomas durante los próximos cinco años, la Junta de Castilla y León ya ha iniciado el trabajo para aplicar 112 de las 200 medidas que se derivan del Pacto de Estado, a propuesta de las entidades del sector, y ha dado traslado de las mismas al Observatorio de Castilla y León.

La consejera ha puntualizado que las otras más de 80 medidas del pacto no se incluyen en esa lista porque se dirigen más a competencias del Estado, de la Justicia o a corporaciones locales y otro tipo de entidades.

En este aspecto, García ha destacado el trabajo previo de las entidades que, de forma paralela a este Pacto, han remitido propuestas sobre las medidas que consideraban de aplicación prioritaria en Castilla y León ha permitido contar con el documento único con las 112 propuestas que deben implementarse en Castilla y León en el marco del Pacto de Estado a lo largo de los próximos cinco años, y que ha sido objeto de trabajo y de consenso en la reunión del Observatorio

PRIORIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Así, Alicia García ha explicado que en la reunión extraordinaria celebrada este viernes espera que se pueda realizar un trabajo "intenso" para la priorización y asignación de recursos, ya que se tiene que remitir una propuesta al Gobierno de España para que en dos meses acuerde con las comunidades autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, administración de justicia y asociaciones sindicales, empresariales y asociaciones civiles, las prioridades de actuación y la forma de desarrollo de estas medidas, así como los criterios y términos para el reparto de los 500 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, que se fijarán en el marco de la Conferencia interterritorial para los próximos cinco años.

También habrá un plazo de seis meses para que las medidas que supongan la modificación de textos legales vigentes sean remitidas a las Cortes Generales para su tramitación, entre las que estará la ley estatal para ampliar el concepto de violencia de género, aspecto que ya recogió la Ley de Castilla y León hace siete años en base al Convenio de Estambul.

La consejera ha agrupado las 112 iniciativas en nueve grandes áreas como la educación y la sensibilización; las de intensificación de la asistencia y la protección a los menores; la atención en el medio rural; la coordinación interinstitucional que impulsa el modelo 'Objetivo Violencia Cero' para evitar la desprotección de las víctimas, garantizar la asistencia integral y optimizar la coordinación institucional y la cooperación policial y judicial; las relativas al empleo, formación e inserción de las mujeres víctimas; las de mejora en la atención a las víctimas y la mención al incremento progresivo del presupuesto para prevención y erradicación de la violencia.

Además, se trabaja en una medida general de modificación legislativa como es el desarrollo mediante el correspondiente Reglamento de la Ley 13/2010 contra la violencia de género.

Alicia García se ha referido a que, debido a estas previsiones en torno a los futuros acuerdos con el Gobierno de España sobre el Pacto, se ha hecho necesaria la reunión extraordinaria convocada hoy del Observatorio para la Violencia de Género de Castilla y León, con la que la Junta quiere "movilizar y contar con el consenso y la participación de todos para fijar una postura de Comunidad".

Por ello, además del trabajo en el Observatorio, este documento se trasladará a entidades que atienden a personas en situaciones de dificultad, como el Cermi, para las personas con discapacidad; las entidades del pueblo gitano, las mujeres inmigrantes y otras asociaciones relacionadas con la mujer que no están integradas en el Observatorio.

Además, Alicia García ha considerado "oportuno" que se pueda enriquecer el documento con aportaciones de los grupos políticos en la Comisión no Permanente sobre la violencia de género creada en las Cortes de Castilla y León "si se pueden terminar los trabajos".

Por otro lado, la consejera ha detallado las 23 propuestas de la Junta que asegura que se han tenido en cuenta en el documento del Pacto, entre las que ha destacado la ya citada figura del coordinador de caso y otras que Castilla y León ha defendido como la ampliación del concepto de violencia de género para que se acoja también a mujeres y niñas menores de edad, así como a niños expuestos a estas situaciones, con lo que se incluya en ello a "cualquier violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de serlo".

También ha citado la flexibilización de los requisitos para justificar ayudas, prestaciones y demás derechos; la realización de campañas y actuaciones de prevención, especialmente dirigidas a los jóvenes; incidir en los distintos ámbitos de socialización de los niños, adolescentes y jóvenes; la ampliación de la atención psicológica a víctimas, especialmente en el momento de interposición de la denuncia.

Asimismo, ha señalado la medida para garantizar el acompañamiento y orientación jurídica social de la víctima, o el refuerzo de la atención a mujeres vulnerables, especialmente a las que viven en el mundo rural, algo especialmente necesario en una Comunidad como Castilla y León.

Igualmente, ha destacado la propuesta de articular medidas de atención y recursos para los hijos menores de víctimas; la revisión de derechos de los maltratadores en cuanto a visitas o escolarización; el establecimiento de un sistema único de información que coordine a todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género o la formación y especialización de los profesionales implicados en este trabajo.

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