España

Exjefe jurídico del IFA declara que pidieron expedientes de ayudas de los ERE a Empleo pero "nunca llegaron"

Francisco José Oyonarte Molina, quien ostentó entre febrero de 2003 y junio de 2004 el cargo de secretario general del Instituto de Fomento de Andalucía y jefe de la asesoría jurídica del mismo, ha declarado este martes en el juicio por la pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que junto a Francisco Mencía --ya fallecido-- como director general del instituto pidieron a la Consejería de Empleo los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis que concedía la Dirección General de Trabajo para poder estudiarlos, pero "nunca llegaron".

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Oyonarte, que continúa trabajando como letrado en la asesoría jurídica de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior IFA, ha prestado declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían estas ayudas.

Durante su declaración ha explicado que en su etapa existían dos posturas en el IFA sobre su gestión en referencia a las ayudas investigadas en esta causa pagadas con cargo al programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo, que allegaba fondos a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, en virtud del convenio marco de 2001. Mientras la Consejería de Empleo defendía que el dinero de las ayudas eran a través de transferencias finalistas y el IFA sólo tenía que pagar, Oyonarte, según ha expuesto, creía que "el dinero que entraba en la caja del instituto, salía de la caja conforme a los procedimientos competenciales del mismo".

Así, ha indicado que las ayudas de importe inferior a 450.000 euros tenían que ser aprobadas por el director general, las que iban de 450.000 a 1,2 millones por el Consejo Rector y las de cantidad superior por el Consejo de Gobierno. En este sentido, ha recordado que en abril de 2003 Francisco Mencía recibió un sobre "voluminoso" con convenios particulares para su firma.

Mencía se los trasladó para su lectura, pero yo "no sé que es", ha afirmado Oyonarte, quien reúne a sus letrados y "ninguno conoce nada, ni los pagos ni el convenio marco". Por ello acude a la asesoría de administración y finanzas del IFA para preguntar por el convenio marco y su pago a través de transferencias de financiación.

Ante esta situación, realiza un estudio de los convenios sin que le llame la atención el convenio marco porque recoge que al IFA se le encomienda la materialización del pago. De los convenios que contenía el sobre, tres de ellos --Primayor, Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto (Sevilla) y Atarazanas de Constantina-- no puede firmarlos el director general porque superan los límites económicos, a su juicio

Oyonarte ha confesado ser "celoso" en sus actuaciones y procuró siempre que el director general firmara los convenios con "un confort" o respaldo. Por ello le solicitó a Mencía la posibilidad de pedir a Empleo los expedientes para su conocimiento y análisis. Mencía, que despachaba con los responsables de la Consejería y del órgano concedente --la Dirección General de Trabajo-- "los pidió, pero no llegaron nunca".

La labor del IFA en la concesión de ayudas era "ínfima", pues con "las dos carillas" de la orden de pago, en las que a veces "faltaban" datos, "no podíamos hacer un informe, sin documentación ni expedientes", ha lamentado.

PRESIONES PARA FIRMAR Y PAGAR

Ha insistido en el criterio "distinto" que tenía conforme a los límites competenciales frente a la Consejería, que quería "agilidad absoluta" con la firma y el pago de las ayudas, produciéndose "tensiones" por estos motivos. En referencia al convenio de ayudas sociolaborales a trabajadores de Primayor, ha señalado que produjo "mayor disparidad" en el Consejo Rector entre su tesis y la que defendía que las ayudas a los trabajadores eran individuales y nunca superaban los 450.000 euros, y por tanto debían ser aprobadas por el director general, en este caso Mencía.

Oyonarte, que estuvo investigado en dos piezas separadas del caso ERE de las que ya ha sido excluido, ha señalado que, tras recibir "instrucciones" del exviceconsejero de Empleo y expresidente del IFA Antonio Fernández sobre que las ayudas sociolaborales a trabajadores se computaban como individuales, como asesor "no pude hacer nada más". "Roma locuta, causa finita", ha expresado. Fernández le trasladó a Mencía que había que seguir "el mismo procedimiento de pago usado desde el 2001", ha comentado.

Según el testigo, Mencía recibió "presiones" para la firma y pago de las ayudas. "Rapidez, rapidez, rapidez y pagar, pagar, pagar", ha exclamado como ejemplo de las presiones recibidas por los trabajadores del IFA, "como si fuésemos caballos de carrera". "Sé que Mencía cada vez que venía de la Consejería --tras reunirse con los responsables-- tenía la tensión alta", ha añadido.

Oyonarte ha reconocido que fue una persona "especialmente incómoda" y que "no concitaba confianza" para los responsables de la Consejería con los que coincidió, José Antonio Viera como consejero de Empleo y Antonio Fernández como viceconsejero.

"NUNCA SE VULNERÓ LA LEGALIDAD" EN LOS ACUERDOS DEL CONSEJO RECTOR

De otro lado y sobre el convenio de ayudas a Pickman por valor de 1,8 millones, ha declarado que recibió un fax "de dos líneas" indicando que tenía que cumplir con los compromisos adquiridos por Viera y un número de cuenta, pero en el IFA "no había ni un solo documento de esas operaciones". Tras comentar la situación con Mencía, Oyonarte emitió un informe a la Dirección General de Trabajo indicándole el procedimiento a seguir para el pago de las ayudas.

Posteriormente, redactó un fax para el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero solicitando una reunión y la memoria de los compromisos para que los convenios fueran elevados al Consejo Rector y posteriormente al Consejo de Gobierno.

Finalmente esas ayudas fueron aprobadas por el Consejo Rector y en el mismo solicitó que la Dirección General de Trabajo debía aportar la documentación sobre las mismas para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno, al que no llegó porque se retiró por el 'consejillo' de viceconsejeros. En el siguiente Consejo Rector, el último de Oyonarte, se aprobaron un convenio firmado entre Viera y el empresario de Pickman y otro entre Guerrero y Mencía, "sin yo saber nada", ha afirmado, apuntando que de este convenio se encargó al despacho de abogados Garrigues.

Preguntado por el fiscal por un documento que obra en la causa en el que se recoge que el testigo dio su consentimiento a esta ayuda, el ex secretario general ha manifestado que es "falso e inverosímil y contradice mi opinión". "Nunca se debía pagar una ayuda sin ser ratificada por el Consejo de Gobierno", ha añadido.

A preguntas del abogado de Antonio Fernández, Oyonarte ha señalado los acuerdos adoptados por el Consejo Rector del IFA se adaptaron a la legalidad, "salvo el acuerdo sobre Pickman en el que "los límites legales no fueron respetados, a pesar de su asesoramiento". Eran "dos "interpretaciones jurídicas", la suya y la de Garrigues.

"A mi juicio técnico, hay vulneración de los límites competenciales", ha insistido en referencia al acuerdo de Pickman, aunque ha señalado que si se vulneró o no la legalidad es una cuestión a resolver por la Sala. No obstante, ha precisado que "nunca vi vulneración de la legalidad material y formal" en los acuerdos del Consejo Rector del IFA. "Nunca tuve el menor indicio de acuerdos que no se ajustaran a la legalidad", ha concluido Oyonarte, cuya declaración continuará este miércoles. A su finalización será el turno de Miguel Lucena Barranquero, ex secretario general del IFA.

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