España

Los inquilinos de las VPO de Santiponce subastadas vuelven a manifestarse y reciben "buenas noticias"

Los inquilinos de las 58 viviendas protegidas promovidas en Santiponce (Sevilla) por la extinta sociedad municipal Prosuvisa, declarada en 2013 en concurso de acreedores, han celebrado este jueves una nueva manifestación por las calles del municipio, para recabar "apoyo" social e institucional a su demanda de que la Administración andaluza compre estos inmuebles subastados a una empresa privada en el marco de la liquidación de Prosuvisa.

SANTIPONCE (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

Eva Querencio, una de las inquilinas, ha explicado a Europa Press que el colectivo ha celebrado esta nueva protesta, y en paralelo ha recibido "buenas noticias" por parte del delegado territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Jesús María Sánchez, respecto a la adquisición de estas VPO subastadas en favor de la sociedad privada Japp Samarfa.

Y es que la Junta supeditaba la operación a un informe encargado a sus servicios jurídicos para esclarecer "si es posible legalmente o no que se materialice la adquisición, al encontrarse las 58 viviendas sometidas a dos planes de viviendas diferentes, con marcos jurídicos distintos", según precisaba recientemente el propio Jesús María Sánchez.

En ese sentido, Eva Querencia ha recordado que mientras la Junta de Andalucía puede ejercer su derecho de tanteo o retracto sobre las viviendas, Jesús María Sánchez habría comunicado al colectivo que el mencionado informe jurídico "es favorable" a la operación. El informe, según Querencio, confirmaría que la Junta "tiene marco jurídico y legalidad para comprar las VPO". "Son buenas noticias y un paso muy importante, pero no detendremos las movilizaciones hasta que este todo por escrito", ha manifestado la portavoz del colectivo de inquilinos.

EL CONFLICTO DE PROSUVISA

Se trata de dos promociones de viviendas protegidas en régimen de alquiler ubicadas en las calles Natalio Muñoz y Mercedes Ortega Farfán de Santiponce, que suman 58 inmuebles entre ambas. Para la construcción de tales viviendas protegidas, la sociedad municipal Prosuvisa suscribió un préstamo de unos 1,5 millones de euros, con idea de ir amortizando paulatinamente dicha deuda, en parte con los alquileres aportados por los inquilinos.

Pero allá por 2013, las dificultades económicas de Prosuvisa motivaron un concurso de acreedores declarado como fortuito en 2015 por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Sevilla, toda vez que también ese año fue aprobado el plan de liquidación de la citada sociedad municipal, al objeto de sufragar en todo lo posible las deudas arrastradas por la misma.

Y es que allá por 2017, Prosuvisa aún tendría unos 800.000 euros pendientes de pago por el citado préstamo, toda vez las rentas de alquiler pendientes de pago por parte de los inquilinos con la ya extinta sociedad municipal oscilarían los 350.000 euros por aquel año. No obstante, precisa Eva Querencio que en 2013, al ser declarado el concurso de acreedores, las deudas de los inquilinos con Prosuvisa se reducían a unos 150.000 euros, constituyendo sólo "el 4,97 por ciento" del pasivo global que arrastraba la empresa municipal.

Lo cierto es que después de que la citada empresa municipal fuese declarada en concurso de acreedores, una subasta derivada de la liquidación de la misma se habría saldado con la adjudicación de las viviendas a la sociedad privada Japp Samarfa, reclamando los inquilinos que la Junta adquiera las VPO para que no acaben en manos privadas.

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