Buscar

Condenados Juan Márquez, Daniel Rivera y Astilleros a devolver a la Junta 5,1 millones de ayudas de los ERE

25/05/2018 - 16:16

El Tribunal de Cuentas ha condenado a los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera y a la empresa Astilleros de Sevilla a devolver a la Junta de Andalucía la cantidad de 5,1 millones de euros por las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a esta sociedad en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, cuyo procedimiento de concesión está siendo juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

De esta manera, el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en una sentencia con fecha de 25 de abril de 2018, cuya ponente ha sido Margarita Mariscal de Gante, y a la que ha tenido acceso Europa Press, estima la demanda interpuesta en junio de 2016 por la Junta, a la que se adhirió la Fiscalía, contra Astilleros de Sevilla, Márquez, que se ha declarado en rebeldía en este procedimiento, y Rivera.

El tribunal considera probado que la empresa pidió entre febrero y diciembre de 2010 a la Junta nueve ayudas públicas sociolaborales cuyo importe total fue de 5.199.707,34 euros. En los dos primeros expedientes administrativos de estas ayudas, con fechas de febrero y marzo, hay memorias justificativas de la finalidad pública e interés social y económico, siendo Juan Márquez, como director general, quien concedió estas dos primeras ayudas --856.563,56 euros-- para trabajadores de Astilleros, encomendando a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) al pago de las cantidades fijadas con fondos del programa presupuestario 31L, que gestionaba la propia Dirección General, y que allegaba a la Agencia a través de transferencias de financiación.

Precisamente, este procedimiento de concesión de ayudas, basado en el convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior IDEA, está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Sevilla y por el que se encuentran procesados 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como Juan Márquez y del que fue excluido finalmente su sucesor en el cargo, Daniel Alberto Rivera.

Por contra, en los otros siete expedientes administrativos de las ayudas concedidas, fechados entre abril y diciembre de 2010 y firmados por Rivera, no hay memorias justificativas de su finalidad pública. El pago de las cantidades, que en esta ocasión ascendían a 4.343.143,78 euros, también fue encomendado por el director general de Trabajo a la Agencia IDEA.

En los hechos probados de la sentencia se expone que por resolución de 26 de febrero de 2014 del Secretario General de Empleo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, dictado en el expediente de revisión de oficio 50/2013, se acordó declarar la nulidad de las nueve resoluciones de concesión de las ayudas públicas y la obligación de Astilleros de Sevilla de devolver las cantidades "indebidamente" percibidas.

De otro lado, la sentencia señala que los hechos en que se basan las pretensiones de la Junta fueron investigados en las actuaciones previas de este tribunal que a su vez se basaron en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, de fecha 18 de octubre de 2012, sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la administración de la Junta entre los años 2001 y 2010. En relación con las ayudas a empresas, el informe pone de manifiesto, con carácter general, "graves irregularidades en su concesión".

"RESPONSABLES QUIENES HACEN POSIBLE LA SALIDA DE FONDOS Y QUIENES LO PERCIBEN"

Según el Tribunal de Cuentas, desde la perspectiva de la responsabilidad contable, el pago con fondos públicos realizado "prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido al efecto y con absoluto desprecio de las exigencias más elementales derivadas de la normativa aplicable en materia de gasto público, constituye un hecho dañoso para los fondos públicos". Además, añade que la responsabilidad contable en la concesión y pago de ayudas de manera "de espaldas a la normativa vigente y prescindiendo de manera absoluta de los procedimientos legales" puede alcanzar tanto a quienes "hacen posible la salida de los fondos, como a quienes lo perciben".

La Junta, en su demanda, alega que las ayudas se dieron "sin justificación previa ni posterior del destino de los fondos entregados", al tiempo que la empresa percibió el dinero "sin mediar causa acreditada que lo justificase", por lo que, para el Gobierno andaluz, se ha producido un menoscabo en fondos públicos, considerando responsables contables directos y solidarios del mismo a Márquez, Rivera y a la empresa.

Para el Tribunal de Cuentas, el daño a los fondos públicos queda "suficientemente probado", añadiendo que los pagos "carecen de justificación y de cobertura legal, al haberse realizado sin cumplir los requisitos ni seguir los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de las subvenciones y ayudas públicas".

Añade que la Consejería de Empleo, en el caso de las ayudas de los ERE, "no realizó un diseño previo" que estableciera los requisitos de los beneficiarios, los criterios de aceptación de solicitudes, o los plazos de ejecución de las acciones que justificasen la finalidad de las ayudas. Por ello, considera que los pagos de las ayudas se realizó "sin la existencia de unas bases reguladoras en la concesión, lo que impide analizar si se hicieron dentro de los objetivos y requisitos previstos".

Tampoco existió convocatoria pública para la concesión de ayudas, siendo dadas de forma directa, no justificándose las razones por las que no se utilizó el régimen general de concurrencia competitiva.

De otro lado, la sentencia refleja que "no consta acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias" del consejero de Empleo en el director general de Trabajo para la concesión de las ayudas, sobre todo, en las dos primeras.

CONTRARIAS A DERECHO

El Tribunal de Cuentas, en su sentencia, constata "una absoluta carencia de base" para la concesión de las subvenciones excepcionales por falta de acreditación con las solicitudes y de justificación, concluyendo que "no debieron dictarse resoluciones de concesión de las ayudas, lo que basta para considerar contrarias a Derecho dichas concesiones".

Además, apunta la "deficiente" determinación del beneficiario de las ayudas, pues aunque las resoluciones designaban como tales a los trabajadores, el importe fue transferido a la empresa; o "la ausencia objetivos a cumplir, proyectos a ejecutar o actividades a realizar por el beneficiario".

El Tribunal de Cuentas, de otro lado, expone que constituye "una irregularidad relevante la omisión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta de la concesión y pago de las ayudas", tanto con el uso de las transferencias de financiación como con la encomienda de gestión a partir del ejercicio de 2010.

Por todo ello, declara responsables contables directos del menoscabo de fondos públicos a Márquez y a Rivera, apreciando en su gestión "culpa grave" ya que "omitieron" la diligencia "exigible" a quien dispone de dichos caudales dando lugar a unos pagos que "no debían haberse efectuado". También considera responsable contable directo a la empresa por la falta de justificación de las ayudas percibidas.

El Tribunal de Cuentas condena a la empresa y a los ex directores generales al reintegro de las cantidades por las que han sido declarados responsables contables directos. En concreto, Astilleros es responsable por la cantidad de 5.199.707,34 euros; Márquez deberá responder solidariamente con la empresa hasta la cantidad de 856.563,56 euros y Rivera, solidariamente con la sociedad mercantil, hasta 4.343.143,78 euros.