España

Auditor de Cámara de Cuentas no considera que la Orden del 95 fuera marco referencial para ayudas de los ERE

Santos Rodríguez Huertos, auditor desde el año 2000 de la Cámara de Cuentas de Andalucía, a la que pertenece desde 1991, ha manifestado este martes que no considera que la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas a trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de empresas fuese el marco referencial al que acogerse por la Dirección General de Trabajo de la Junta para la concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)

Rodríguez Huertos ha comenzado este martes a declarar como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta en el procedimiento de concesión de ayudas a trabajadores y a empresas en los ERE entre los años 2001 y 2010.

Además, este auditor fue parte del equipo de la Cámara de Cuentas que fiscalizó en 2011 y a propuesta del Consejo de Gobierno expedientes de ayudas investigadas por la Consejería de Empleo, toda vez que ya se había iniciado la investigación judicial del caso en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que por entonces era titular Mercedes Alaya.

La tesis de algunas de las defensas de los acusados es que las ayudas se concedieron al amparo de la Orden Ministerial de 1995. A este respecto ha sido preguntado por el Ministerio Fiscal el testigo, quien ha explicado que este argumento fue expuesto por la Consejería de Empleo en la fase de alegaciones para la elaboración del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.

Si bien, ha indicado los que trabajaron en ese proceso de fiscalización de los expedientes "no teníamos conocimiento de que la Orden Ministerial fuera el marco referencial al que acogerse", al tiempo que no considera que así lo fuera.

LOS EXPEDIENTES DE AYUDAS, "UN MONSTRUO"

En este sentido, Rodríguez ha afirmado que, "cuando tuvieron idea del monstruo al que se enfrentaban y su tamaño", en referencia a los 102 expedientes a analizar como muestra, y en ausencia de normativa que regulara las subvenciones concedidas, "tuvimos que fijar unos criterios de análisis y comunes". "No había normativa de referencia", ha añadido.

Entre las conclusiones expuestas tras su trabajo de análisis, el testigo, licenciado en derecho, ha explicado que cuando en 2004 se crea la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, ésta asume las políticas de empresas, quedándose Empleo con las sociolaborales.

Por ello, plantearon, según ha comentado, que a partir de 2004 la Consejería de Empleo no tenía competencias para dar determinadas ayudas a empresas, teniendo en cuenta además que se abrieron nuevas líneas de ayudas a empresas en la Consejería de Innovación, a quien quedó adscrita la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento Andalucía (IFA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas de los ERE concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco de julio de 2001 entre Empleo y el IFA.

Dicho acuerdo recogía que la Dirección General de Trabajo allegaría fondos del programa presupuestario 31L a IFA/IDEA a través de transferencias de financiación, herramienta presupuestaria que, según las acusaciones, permitía eludir el control de la fiscalización previa en la concesión de las ayudas.

Otras de las conclusiones, según Santos Rodríguez, era que la Junta "se subrogaba" las obligaciones de las empresas recogidas en "los acuerdos sociales" alcanzados entre empresas y sindicatos o trabajadores. Para el testigo, éstos eran "planes privados en los que no aparecía la Junta", pero "técnicamente era así", esto es, la Junta asumía los compromisos de las empresas frente a los trabajadores afectados por procesos de reestructuración empresarial, según el análisis de los expedientes de concesión de ayudas.

EMPLEO, HACIENDA Y LA INTERVENCIÓN "NO ADOPTARON MEDIDAS"

Aunque el testigo ha aclarado que el informe que prevalece en el trabajo de fiscalización es el definitivo por encima de los borradores, Santos Rodríguez ha ratificado una observación recogida en los dos borradores y en el anteproyecto de informe presentado al pleno de la Cámara de Cuentas.

A preguntas de la acusación del PP-A, ejercida por el letrado Luis García Navarro, el testigo ha ratificado que los gastos por subvenciones en la Consejería de Empleo fueron tramitados y fiscalizados presupuestariamente como transferencias de financiación durante todo el periodo investigado, sin que por la Consejería de Empleo, la de Hacienda ni por la Intervención General, se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sido manifestados en los informes de Control Financiero Permanente realizados a IFA/IDEA.

Esta observación también se recoge en el informe definitivo pero eludiendo los órganos que no adoptaron medidas: "Los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas han permitido comprobar que los gastos por subvenciones han sido tramitados y fiscalizados presupuestariamente como transferencias de financiación durante todo el periodo 2001/2010, sin que se adoptaran las medidas necesarias para solventar los incumplimientos que de manera reiterada habían sidomanifestados en los informes de control financiero realizados al IFA/IDEA".

WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin