España

La dueña de Viajes Vibolid recurre al Supremo su condena de 5,5 años por apropiación indebida

El caso de la Agencia de Viajes Vibolid llegará finalmente hasta el Tribunal Supremo, después de que la defensa de la que fuera propietaria, Julia M.H, oficializara el anuncio del recurso de casación ante dicha instancia contra la reciente condena de cinco años y medio de prisión impuesta contra ella por la Audiencia de Valladolid por delito continuado de apropiación indebida.

VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)

La condenada, que permanece presa en el Centro Penitenciario de Valladolid, ha dado orden a su letrada para que recurra el fallo tras invocar la vulneración de la tutela judicial efectiva, su derecho a la presunción de inocencia y la falta de proporcionalidad de la pena dictada por la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Y es que Julia M.H, cuya fuga a tierras polacas para evitar ocupar el banquillo obligó al tribunal sentenciador a dictar la primera euroorden de su historia para pedir la extradición de la prófuga, persiste en que nunca tuvo la intención de quedarse con el dinero de la clientela y que si finalmente no pudo gestionar sus pasajes y hoteles fue por una causa sobrevenida a consecuencia de la mala situación económica de la agencia, con lo que en todo caso, como así sostuvo en el juicio su letrada, no estaríamos hablando de un ilícito penal sino civil, un incumplimiento contractual.

El fallo recurrido impuso a la titular de Vibolid cinco años y medio de prisión a Julia M.H, con las agravantes de reincidencia y lo elevado de la cuantía apropiada, por quedarse en beneficio propio, entre los meses de julio de 2013 y agosto de 2014, con más de 82.000 euros que cerca de medio centenar de clientes le habían abonado para la gestión de sus viajes y estancias de hotel.

La condena establecía también el pago de una multa de 3.600 euros y, en concepto de responsabilidad civil, el abono de indemnizaciones por el importe recibido globalmente por los damnificados, junto con su inhabilitación profesional durante el tiempo de la misma.

La sentencia condenatoria es ligeramente inferior a los seis años que habían solicitado tanto el Ministerio Fiscal como la principal acusación particular y superior a los cuatro años que había interesado uno de los perjudicados y la libre absolución de la defensa.

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