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Lamela propone juzgar a seis miembros de la cúpula de caixanova por una operación inmobiliaria ruinosa en rivas

2/08/2018 - 14:37

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a seis miembros de la cúpula de Caixanova por una operación inmobiliaria ruinosa en Rivas Vaciamadrid. Entre ellos figuran el expresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso; los que fueran sus directores generales, Gregorio Gorriarán y José Luis Pego Alonso, y su antiguo subdirector, Domingo González Mera. También pide sentar en el banquillo a Isaac Alberto Miguez Lourido y a José González Rodríguez.

Todos ellos irán a juicio por un presunto delito de administración desleal cometido en Novacaixa, la sucesora de la fusión entre Caixa Nova y Caixa Galicia, por una operación inmobiliaria en Rivas Vaciamadrid que podría haber causado un perjuicio patrimonial a la extinta Caixanova (hoy integrada en Abanca) y a la financiera inmobiliaria de la caja, Proinova.

En su auto, la magistrada decide el sobreseimiento de las actuaciones respecto de 12 investigados: Miguel Aragonés Rodríguez, Delfín Ferreiro Rodríguez, Marta Mediero Gutiérrez, Juan Ramón Iglesias Álvarez, José María Sanmartín Otero, José Taboada López, Alfonso Zulueta de Haz, José Luis Suárez Gutiérrez, Alfredo Blanco López, Miguel Pérez de Juan Burgos, Antonio Gorriarán Laza y Florencia Palomino Molero.

La cúpula de la entidad ha sido investigada por la concesión de un crédito en 2007 para la adquisición por 67 millones de euros de terrenos en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid que terminó con una dación en pago al entrar en crisis los prestatarios, que son los que figuran en la lista de investigados para los que la causa ha quedado sobreida.

Algunos de los investigados por esta causa también han sido condenados a dos años de cárcel por su gestión en Novacaixagalicia, la entidad que surgió de la fusión Caixanova y Caixa Galicia. La Audiencia Nacional condenó en 2015 a Gayoso, a José Luis Pego y a Gregorio Gorriarán, por delitos de administración desleal y apropiación indebida por el cobro de prejubilaciones millonarias, que ascendieron a 14 millones de euros.

(SERVIMEDIA)

02-AGO-18

SGR/caa