España

Cataluña. el supremo rebaja a la mitad la pena de inhabilitación a artur más por el 9-n

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El Tribunal Supremo ha revisado la sentencia impuesta a los condenados por desobediencia por organizar la consulta independentistas del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña y ha dictado una rebaja de la pena de inhabilitación impuesta al expresidente de la Generalitat Artur Mas, que pasa de dos años a un año y un mes, la misma que dictó para el exconseller Francesc Homs.

La Sala Segunda del Alto Tribunal da así respuesta a los recursos de casación interpuestos por Mas, la exvicepresidenta del Gobierno catalán Joana Ortega y la exconsellera de Educación Irene Rigau contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que les condenó por desobediencia a penas de multa e inhabilitación especial.

Aunque el contenido total de la sentencia se conocerá dentro de unos días, el tribunal ha confirmado la reducción de las penas de inhabilitación especial a un año y un mes para Artur Mas; nueve meses para Joana Ortega, que fue condenada a un año y nueve meses, y seis meses para Irene Rigau, a la que se había impuesto un año y seis meses de inhabilitación.

El Tribunal Supremo suscribe en esencia la argumentación de la sentencia del TSJ de Cataluña, mantiene las multas y convierte en firme la sentencia en la que los tres exmiembros del Gobierno son condenados por desobediencia grave, al celebrar una consulta que previamente había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

La sentencia sometida a examen fue dictada en marzo de 2017. Frente a una petición de 10 años de inhabilitación hecha por la Fiscalía, el tribunal acordó dos años de inhabilitación para ejercer cargo público para Mas, un año y nueve meses para Ortega y un año y medio para Rigau, que fueron absueltos de prevaricación. La Fiscalía optó por no recurrir la sentencia y se limitó a pedir al Tribunal Supremo que confirmase la condena.

La sentencia del TSJ declaraba probado el liderazgo de los tres a la hora de convocar la consulta, rechazando que el Tribunal Constitucional no fuese lo bastante claro en su prohibición.

Este procedimiento penal se suma a otro en el que Mas, Rigau y Ortega están a la espera de resolución: el Tribunal de Cuentas dictará en los próximos meses si los responsables del 9-N tienen que pagar el coste de cinco millones de euros de la consulta de su bolsillo, dinero que salió de las arcas públicas catalanas para pagar la infraestructura. "No era en absoluto consciente de cometer ninguna ilegalidad", dijo Mas el 10 de octubre en la vista celebrada ante el tribunal.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya se pronunció sobre las responsabilidades de otro miembro del Gobierno catalán, el exconseller Francesc Homs, al que impuso un año y un mes de inhabilitación, la misma pena que ahora impone a Mas.

El Tribunal Supremo decidió hace unos meses dejar a Artur Mas fuera del juicio por el 'procés' independentista que se celebrará previsiblemente a partir de enero. El juez Pablo Llarena optó por no procesarle y la Fiscalía tampoco ha procedido en su contra.

(SERVIMEDIA)

17-DIC-18

SGR/caa

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