El pp se queda solo pidiendo la dimisión de borrell por la multa de abengoa

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El PP se quedó este miércoles solo exigiendo la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, por la multa de 30.000 euros que le impuso la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) por uso de información privilegiada.

Así se evidenció en la comparecencia del jefe de la diplomacia española ante la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja para dar explicaciones sobre esta cuestión.

Esta comparecencia se produjo a petición del PP y del PDECat, cuyo portavoz en la comisión, Jordi Xuclá, evitó en todo momento reclamar la dimisión del ministro, a pesar de haberla exigido en su momento, de haber promovido su reprobación en el Senado y de haber registrado una proposición en el Congreso instando a su reprobación.

La CNMV impuso una multa de 30.000 euros al ministro por el uso de información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa. En una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el organismo supervisor multó a Borrell por "infracción muy grave" tras declarar firme en vía administrativa la resolución sancionadora contra el titular de Asuntos Exteriores que aprobó el Consejo de la CNMV el pasado 27 de septiembre.

Según la CNMV, Borrell vendió el 24 de noviembre de 2015, por cuenta de un tercero, 10.000 acciones de Abengoa por un importe de 9.030 euros, "disponiendo de información privilegiada sobre este emisor".

Se trata de una infracción "muy grave" que contraviene el artículo 282.6, en relación con el artículo 227.1.a) del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, por lo que le impone una multa de 30.000 euros.

Durante su alocución, Borrell negó que actuase "en base a información privilegiada" en ninguna actividad relacionada con su cartera de valores o con aquella cuya gestión le fue encomendada.

Subrayó que su actuación está tipificada como una "falta administrativa" y abundó en que "no tiene ninguna lógica" que si alguien maneja información privilegiada sólo venda el 7% de su cartera de valores y pierda el 93% restante.

También comento que no recurrirá la sanción que le ha impuesto la CNMV, porque ello supondría que un ministro recurriese ante el Gobierno del que forma parte, lo que no le parece adecuado.

Rechazó la opción de dimitir y expuso que hace 20 años dimitió y "probablemente la historia de España hubiese sido diferente". Adujo que lo hizo por unos hechos en los que no estaba incriminado (la investigación por fraude fiscal a dos de sus colaboradores en su etapa en la Secretaría de Estado de Hacienda), lo que le permitió observar que "ahora, por una cantidad mínima, 9.000 euros, y con argumentos, no lo voy a hacer".

Ante esta situación, Xuclá trasladó al ministro que está "equivocado" tras haber optado por no utilizar todas las vías posibles para defender su honorabilidad, ya que la decisión del Ministerio de Economía, órgano encargado de decidir sobre el recurso de alzada que el ministro habría de presentar, actuará movido por el "compadreo".

Carlos Salvador (UPN) acusó al ministro de mandar un "mensaje confuso" al sugerir que "no confía en el sistema español", lo que le permitió argüir que tiene el "corazón partido" a la hora de decidir si cree pertinente que dimita. Por su parte, Aitor Esteban (PNV) juzgó "desagradable" el asunto de la multa de Abengoa y obvió cualquier referencia implícita o explícita a la dimisión.

Joan Tardá (ERC) ni siquiera mencionó el asunto durante su intervención y evitó aludir al desafío independentista en Cataluña, una cuestión manida en las intervenciones de los diputados de su partido cuando tienen a Borrell delante.

Melisa Rodríguez (Cs) le invitó a defender su honorabilidad hasta las últimas consecuencias, mientras que Antón Gómez Reino (Unidos Podemos) le afeó la sanción, aunque en ningún momento le pidió que dimitiera, quedándose en una petición ambigua de "asumir responsabilidades".

Por último, José Ramón García Hernández (PP) le exigió que dimitiera tanto por la sanción de Abengoa como por haber proporcionado "gasolina a los independentistas" al decir que "no se fía del sistema judicial" y llegó incluso a comentar que su grupo parlamentario se está planteando solicitar una comisión de investigación para dilucidar si la actuación del ministro en esta cuestión es susceptible de ser considerada "corrupción económica".

(SERVIMEDIA)

19-DIC-18

MST/gja

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