España

El gobierno aprobará mañana la reforma constitucional de los aforamientos para remitirla al congreso

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el anteproyecto de reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para limitar los aforamientos judiciales de diputados, senadores y miembros del Gobierno de España. Esta medida la anunció el presidente Pedro Sánchez en un acto en septiembre en el que se conmemoraban sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo.

Con esta aprobación, el Gobierno remitirá a las Cortes el proyecto de ley que ya han estudiado el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los grupos parlamentarios debatan esta cuestión y den el visto bueno a la modificación constitucional.

UN AÑO DE TRAMITACIÓN

Cuando en el pasado noviembre, en el último Consejo de Ministros del mes, se aprobó el texto que se remitió al CGPJ para su estudio, la vicepresidenta del Ejecutivo y ministra de Presidencia e Igualdad, Carmen Calvo, dijo en la rueda de prensa posterior que se tardaría casi un año en culminar todos los pasos legislativos necesarios.

Calvo dio a entender que los delitos de corrupción seguirán siendo motivo de aforamiento y descartó que en la Constitución vaya a incluirse una lista del tipo de irregularidades que seguirán dependiendo del Tribunal Supremo y cuáles de un juzgado ordinario.

La vicepresidenta explicó que la reforma constitucional requerirá después un proceso de adaptaciones en las leyes actuales para limitar los aforamientos de los políticos e incluso para equiparar a esta nueva situación la de otras altas instituciones del Estado.

Precisó que la reforma no afectará a los diputados autonómicos ni a los miembros de los gobiernos regionales porque el Gobierno no puede modificar los Estatutos de las comunidades autónomas, pero se mostró convencida de que el cambio nacional hará que esos aforamientos de los que ahora disfrutan queden "cortocircuitados" y tengan que suprimirse después.

La reforma constitucional que plantea el Ejecutivo afecta expresamente a los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución y pretende que los miembros del Consejo de Ministros, los diputados nacionales y los senadores sólo estén aforados ante el Tribunal Supremo para posibles delitos cometidos "en el ejercicio de su cargo" y "en el periodo de su mandato", pues les retira el aforamiento para todo lo demás y una vez que abandonan el cargo.

Además de esta cuestión, el Gobierno prevé la aprobación de los dos nuevos impuestos en los que se basan parte de los ingresos contemplados en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por un lado, el anteproyecto de Ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y por otro el del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

También se prevé que el Gabinete que preside Sánchez apruebe un informe de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sobre el Plan de Turismo Sostenible de España 2030.

Asimismo, está prevista la desclasificación de una nueva tanda de "documentos clasificados como secretos oficiales a petición de autoridades judiciales". En diciembre se aprobó la desclasificación de documentos reservados de la 'operación Kitchen' en los que se justificaba el pago con fondos reservados de las supuestas labores de espionaje del chófer de Luis Bárcenas para intervenir documentación del extesorero del PP, documentos solicitados por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga esta trama durante la etapa de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.

(SERVIMEDIA)

17-ENE-19

MML/caa

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