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Juicio 'procés'. los procesados llegan en furgones de la guardia civil para ser juzgados en el tribunal supremo

12/02/2019 - 8:14

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Furgones de la Guardia Civil con algunos de los procesados por el 'procés' llegaron pasadas las 8.00 de esta mañana a la Audiencia Nacional, desde donde serán conducidos al Tribunal Supremo para ser juzgados a partir de las 10 de la mañana.

El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del `procés´ en el juicio que comienza este martes en el Tribunal Supremo. La Fiscalía solicita en total 176 años para los 12 acusados, entre los que están también la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.

Junqueras está acusado de delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, al igual que los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que se encuentran también en prisión preventiva. Para ellos, el ministerio público pide 16 años de cárcel.

Forcadell, Sànchez y Jordi Cuixart están acusados de rebelión, pero no de malversación, al no considerarles responsables del desvío de fondos públicos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Pese a ello, el ministerio público entiende que actuaron como "promotores o jefes" de la rebelión y pide para cada uno 17 años de prisión.

Las penas que solicita la Abogacía del Estado son sensiblemente inferiores. Suman en total 120 años para los 12 acusados en este juicio. La Abogacía atribuye a los líderes del `procés´ delitos de sedición y malversación y excluye el de rebelión. Así, pide para Junqueras 12 años de prisión y 11 y medio para los exconsejeros Forn, Turull, Romeva, Rull y Bassa, mientras que para Forcadell solicita 10 años de prisión.

A los `jordis´ les considera autores de un delito de sedición pero sin el agravante de autoridad, por lo que solicita para ellos ocho años de prisión. Para los otros tres antiguos miembros del Ejecutivo catalán encausados, Meritxel Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado piden siete años de prisión por malversación y desobediencia grave.

Otros seis de los procesados inicialmente en esta causa serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A ellos se les atribuye un delito de desobediencia grave. Se trata de Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, todos ellos exmiembros de la Mesa del Parlament. También figura en la lista la expresidenta del Grupo Parlamentario de la CUP Mireia Boya.

La acusación popular ejercida por Vox atribuye delitos de rebelión, organización criminal y malversación a Junqueras, Turull, Romeva, Rull, Bassa y Forn y pide para ellos 74 años de prisión, 20 de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público y otros 20 años de inhabilitación especial. A Sànchez, Forcadell y Cuixart les acusa de rebelión y organización criminal y les solicita 62 años de prisión, 20 años de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público y 20 más de inhabilitación especial. A Borrás, Mundó y Vila les acusa de organización criminal y malversación y les pide penas de 24 años de cárcel, 20 de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público y multa de 216.000 euros.

PETICIONES DE PENAS

Éstas son las penas de prisión que solicitan el Ministerio Público y la Abogacía del Estado para cada uno de los acusados:

- Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña. En prisión provisional. La Fiscalía le pide 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por rebelión y malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 12 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con malversación, es decir, que uno de los delitos no puede darse sin el otro.

- Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y también en prisión. El fiscal solicita 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado, 10 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.

- Jordi Sánchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana en prisión preventiva. La Fiscalía reclama para él 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por liderar el `procés´. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por dirigir la sedición.

- Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural. Otro de los acusados que está en prisión. El fiscal pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado quiere ocho años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.

- Jordi Turull, exconsejero de Presidencia. En prisión preventiva. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión y uso ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Raül Romeva, exconsejero de Relaciones Exteriores. También encarcelado. La Fiscalía solicita 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo y en prisión preventiva. La Fiscalía quiere para ella 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión y malversación. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad. Al igual que los anteriores en prisión. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Joaquim Forn, exconsejero de Interior. En prisión preventiva. El fiscal pide 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de rebelión habiendo distraído fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. En libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado, por su parte, pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

- Carles Mundó, exconsejero de Justicia y también en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

- Santiago Vila, exconsejero de Empresa y en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

(SERVIMEDIA)

12-FEB-19

SGR/ICG/caa