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Bruselas apoyaría que Francia levantase las restricciones a rumanos y búlgaros

Europa Press
16/08/2012 - 18:28
Foto: Archivo

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que vería con buenos ojos que el Gobierno francés de François Hollande levantara las restricciones que actualmente pesan sobre rumanos y búlgaros para poder trabajar en el país como forma de contribuir a resolver la situación de miles de gitanos.

"Sería una buena noticia", ha reconocido el portavoz del Ejecutivo comunitario, Olivier Bailly, en rueda de prensa después de que el ministro del Interior galo, Manuel Valls, haya anunciado una reunión la próxima semana para decidir si se eliminan estas restricciones laborales.

El Ejecutivo comunitario considera que ello "permitiría dinamizar el mercado de trabajo" en Francia, al tiempo que constituye "un factor de integración para las poblaciones" gitanas que viven en el país.

El comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, lleva "mucho tiempo" instando a los Estados miembros que todavía no lo han hecho a levantar estas restricciones laborales para rumanos y búlgaros que fueron negociadas en el marco de los Tratados de Adhesión a la Unión de ambos países y que por ley "deben terminar a finales de 2013", ha recordado Bailly.

Para el Ejecutivo comunitario, ha aclarado el portavoz, estas restricciones en el mercado laboral "no tienen interés económico" para los países que las aplican y tampoco se han observado "flujos masivos" que justifiquen su aplicación por "problemas significativos" para el funcionamiento del mercado laboral nacional.

La Comisión Europea está a la espera de que el Gobierno francés le remita, para finales de mes, información sobre las expulsiones recientes de gitanos que ha emprendido el Gobierno de Hollande, con el objetivo de ver si éstas se ajustan al derecho comunitario y se respetan las salvaguardias materiales de las personas expulsadas.

Hechos previos

El pasado año, Francia se vio obligada a introducir modificaciones en su legislación nacional para proteger las garantías procesales y materiales que exige la Unión Europea para sus ciudadanos, tras un año de agria polémica entre Bruselas y París.

La política de expulsiones emprendida por el Ejecutivo del entonces presidente galo, Nicolas Sarkozy, fue muy criticada en Europa y llevó a la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Justicia, Viviane Reding, a abrir un expediente de infracción contra Francia por ello.

Reding ha saludado la disposición de las autoridades francesas de cooperar con la Comisión y las declaraciones del Gobierno de que "ninguna política pública se centrará en un grupo en particular" tras recordar que "ninguna persona debe ser expulsado únicamente porque es romaní" en una tribuna abierta publicada en el diario 'Libération'.

"La expulsión de un ciudadano de un Estado miembro no puede ser arbitraria y siempre debe ser el resultado de un tratamiento caso por caso. El derecho a la libre circulación es un derecho fundamental, garantizado por los Tratados europeos y la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE", ha recalcado Reding.

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