Europa

May logra el respaldo a su calendario del Brexit a la espera del Supremo

  • El tribunal decidirá en enero quién activará el proceso, el Gobierno o el Parlamento
Theresa May, primera ministra de Reino Unido. Imagen: Reuters

Reino Unido avanza inexorablemente hacia la salida de la Unión Europea, pese a ignorar quién dará la orden de partir y cuál será la hoja de ruta. El Tribunal Supremo anunciará en enero si ampara la apelación del Gobierno para intentar retener el control sobre la ruptura, pero el Parlamento, la misma institución a la que el Alto Tribunal había conferido tal potestad, ha respaldado ya el calendario marcado por Theresa May para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa antes de final de marzo.

Las contradicciones aparentes se han convertido en la tónica en un país donde, transcurridos casi seis meses del referéndum, el Ejecutivo no sólo semeja carecer de plan para el divorcio, sino que se encuentra dividido por su alcance. La primera ministra mantiene su línea de hermetismo institucional y, de momento, sus únicas pistas no han hecho más que aumentar la confusión. El mantra inicial Brexit significa Brexit dio paso a la letanía con la que rechazaba "comentarios constantes" sobre el proceso. Su más reciente leyenda promete un "Brexit rojo, blanco y azul".

De ahí que el histórico recurso debatido la semana pasada por el Supremo sea fundamental. Si bien los jueces han recordado que su decisión "no revertirá el resultado" del plebiscito, el fallo constituirá un hito en la conciencia constitucional de una plaza que, el 23 de junio, apostó por "recuperar el control". La transcendencia radica en que la resolución zanjará cómo "puede materializarse legítimamente" el veredicto de las urnas, si a través de la "prerrogativa real" a la que se arroga el Gobierno, o mediante la autorización de Westminster que reclaman los ciudadanos que instigaron un desafío que ha llevado a cuestionar los principios de la democracia más antigua del planeta.

Decisión complicada

Durante la vista de cuatro días, los abogados del Estado defendieron que la pertenencia a la UE está establecida -y por tanto puede anularse- en la esfera internacional, en lugar de mediante una legislación doméstica, por lo que el Parlamento no sería necesario. Sin embargo, el equipo que representa a los promotores del proceso insistió en que si la Cámara de los Comunes dio el visto bueno a la entrada en el bloque hace más de 40 años, sólo su permiso podría revertir la situación.

Por si los 11 jueces que tendrán que hallar una solución no tuviesen ante sí una misión complicada, la casualidad quiso que mientras tenía lugar la apelación, el Palacio de Westminster acogiese en paralelo un debate que acabó amparando por una amplia mayoría el calendario ansiado por May, quien había trasladado ya a Bruselas su intención de pulsar el botón de salida antes del 31 de marzo.

El refrendo de los diputados, con todo, no le salió gratis a la primera ministra, quien tuvo que ceder en su circunspección y admitir como contrapartida la demanda del Laborismo de publicar un "plan" sobre sus propuestas de negociación antes de activar el artículo 50. La doble carambola permitió reclamar victoria a ambos bandos: si la oposición celebró el cambio como una claudicación de la 'premier', ésta se garantiza que, al margen de la resolución del Supremo, el Parlamento no desbaratará sus plazos.

El giro, con todo, tuvo que ser introducido para esquivar una humillante derrota, puesto que decenas de diputados conservadores estaban dispuestos a unirse a los laboristas en la demanda de concreción del plan de ruptura. Por ello, más que sofocar la posibilidad de motines futuros, la táctica le ha facilitado al Gobierno comprar tiempo, así como asegurarse la protección del calendario marcado.

No en vano, May carece de mayoría en lo que se refiere al Brexit y, si bien ha evitado concretar el alcance del ?plan? que publicará, resulta complicado que, una vez anuncie las claves de la negociación, no se vea obligada a aceptar compromisos, escenario que quiso sortear.

El Laborismo ya le ha hecho saber que espera que la información sea lo suficientemente pormenorizada como para garantizar el escrutinio y ha advertido de que no permitirá "un plan tardío o vago", una posición compartida por no pocos diputados tories, dispuestos a desafiar la disciplina interna en aras de una mayor transparencia.

De ahí la importancia del debate en el Supremo. Si el tribunal le da la razón, el Gobierno podría ahorrarse las explicaciones en Westminster y, con ello, ampliar todavía más su exposición ante una materia que causa divisiones en el Legislativo y en el Consejo de Ministros.

El tiempo se acaba para preparar una propuesta de consenso, por lo que, en caso de perder, el Ejecutivo baraja como la opción más práctica preparar una legislación simple, de apenas una frase, para garantizar la aprobación del Parlamento con el margen para activar el proceso en el primer trimestre de año.

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Estos putos Ingleses están arrepentidos de su exceso de soberbia, y no sabe ni que hacer ni como para quedarse en UE, pero ya es tarde, no los queremos dentro fuera traidores.

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