El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, podría haber prometido a su colega israelí, Tzipi Livni, que el Gobierno español trabajará para intentar cambiar la ley con el fin de limitar la jurisdicción de los tribunales españoles para investigar delitos de genocidio cometidos fuera de España, según medios israelíes.
Según los diarios 'Haaretz', 'Jerusalem Post', 'Yediot Ahronot' y la radio militar israelí, Moratinos telefoneó este viernes a Livni para anunciarle que el Ejecutivo tiene previsto modificar la ley que ha permitido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu admitir a trámite una querella contra militares israelíes por el supuesto genocidio durante un bombardeo sobre la Franja de Gaza en 2002, en el que murieron 14 civiles, además de un líder de Hamás.
Declaraciones de Livni
Los medios de comunicación reproducen declaraciones de Livni en las que saluda que el Gobierno español "haya decidido parar este fenómeno" y avanza que Israel seguirá trabajando con otros gobiernos para intentar frenar "investigaciones similares infundadas".
Según la radio militar israelí, Moratinos subrayó que esta reforma legal no estaría lista a tiempo para afectar a la querella admitida a trámite por Andreu, pero indicó que su departamento trabajaría para anular la investigación.
Los tribunales españoles son competentes para investigar, entre otros, delitos de genocidio y terrorismo fuera de las fronteras españolas e independientemente de si hay españoles o no implicados en virtud del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este criterio se aplica a partir de dos sentencias dictadas en 2005 por el Tribunal Supremo y el Constitucional a propósito del caso Scilingo y del genocidio en Guatemala, respectivamente, que sentaron jurisprudencia.
Moratinos y Livni hablaron también ayer por la tarde. Según informó un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el jefe de la diplomacia española se comprometió a hacer "todo lo posible" para contribuir a alcanzar una "solución satisfactoria" en este caso, eso sí, siempre dentro de los límites que le marca el "respeto" del Gobierno a la "justicia".
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