Suecia refuerza el control de los servicios públicos para salvar el Estado de Bienestar

El Gobierno sueco de centro izquierda reconoce oficialmente a Palestina como Estado. Será el primer país de la Unión Europea en hacerlo. El otro suceso con el que ha ocupado las noticias fue la búsqueda (por 2,2 millones de euros) de "actividad submarina extranjera" en la costa de Estocolmo que las autoridades dieron por terminada sin determinar la naturaleza del artefacto. El Ejecutivo en minoría rechaza que fuera una forma de presionarle para incrementar los gastos en defensa, partida recortada por la anterior Administración. Afirma que el actual aumento en los Presupuestos presentados responde a un acuerdo anterior. Sin embargo, los mayores desafíos del primer ministro Stefan Löfven, exsindicalista sin gran experiencia política que ha formado gobierno con los Verdes, se refieren a las dificultades de política interna.

Los integrantes de la coalición parecen estar de acuerdo en intentar recomponer los cimientos del Estado de Bienestar. ¿Pero, cuál ha sido la causa verdadera de la descomposición?

Los experimentos de su antecesor, el exprimer ministro conservador Fredrik Reinfeldt, con la educación concertada (limitando el espacio de la escuela pública a favor de la privada) y una cierta privatización de la sanidad y el cuidado a los mayores ciertamente alarmaron a la población. Se ahondó la brecha entre ricos y pobres.

No obstante, si el modelo social peligra no ha sido solo por la acción de la coalición de centro-derecha en el poder los últimos ocho años. Reinfeldt mantuvo un crecimiento acumulado del 12,6 por cien en ese tiempo. Incluso bajó los impuestos, el sueño imposible de muchos de sus homólogos. Aunque ha afrontado mejor que otros países la crisis europea de estos años, Suecia tiene un elevado nivel de desempleo juvenil.

Una dificultad fundamental es el cada vez mayor rechazo a la tradicionalmente generosa política inmigratoria. De 9.500.000 habitantes, más de un 15 por cien son de origen extranjero. El gran número de extranjeros subvencionados por el Estado es sufragado por el ingreso menguante de los impuestos. Los nuevos ciudadanos encuentran una vivienda social en problemáticos barrios marginales. El paro, la delincuencia y la acción del islamismo radical actúa libremente en esos guetos. Es esta cuestión la que dio alas y elevó el apoyo a la ultraderecha del Partido de los Demócratas Suecos (SD).

El partido demócrata avanza

Con su peligroso avance, el SD duplicó el número de sus adeptos en un contexto de desempleo y descontento. El partido anti-inmigración se ha convertido en la tercera fuerza. Quizá en Suecia el crecimiento de la ultraderecha tardara más dado que el sistema político dificulta a los partidos opuestos al establishment conquistar votos. En el país escandinavo el liderazgo personal no es tan importante ya que suele suplirse al líder con la organización.

No es suficiente descalificar a la formación demócrata. Ignorar o maquillar sus planteamientos no servirá para ocultar los problemas que preocupan a la sociedad. El hartazgo de una generosidad mal correspondida resta votos tanto a la derecha como a la izquierda. Es la percepción entre los parados e, incluso, muchos militantes sindicales. Culpar a todos los ciudadanos suecos de racismo es tan injusto como acusar a todos los inmigrantes árabes o musulmanes de oponerse a la integración. Una minoría extremista no puede representar a la mayoría que pese a todo desea instalarse e integrarse.

Para mantener el sueño del paraíso social, Löfven ha prometido mayores inversiones en infraestructuras, educación y sanidad y un incremento de los impuestos de sociedades y a las grandes fortunas. Capitalizó así el malestar con los recortes y el aumento del desempleo entre los jóvenes, que supera el 20 por ciento, frente al 8 de la media nacional.

Así pues, de momento, no habrá más recortes. Lo que sí hay es un acuerdo del Gobierno con la Izquierda para limitar los beneficios de las empresas que proporcionan servicios públicos como salud o educación.

Se pretende "poner en orden" el sistema. La manera de hacerlo: acabando con lo que ha llegado a describirse como "fiebre del oro" en los servicios básicos. Una promesa de la campaña. La normativa obligará a las empresas a reinvertir gran parte de sus beneficios en los propios negocios. El entusiasmo de las empresas es escaso. Aducen que la regulación afectará a 10.000 compañías pequeñas limitando su capacidad de crecimiento. Mas el Gobierno insiste en que lo que controlará son las sociedades de inversión que, en los últimos años, habían pasado a gestionar negocios educativos, sanitarios y asistenciales.

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