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Ocho guardias civiles citados a declarar por violenta expulsión de inmigrante

La justicia citó a declarar a ocho guardias civiles en vistas a una eventual imputación por expulsar y golpear a un inmigrante que intentaba entrar en Melilla, un enclave español al norte de Marruecos, grabada por una ONG.

El juez encargado de la investigación en Melilla pretende "determinar si la actuación de los agentes se desarrolló conforme al derecho", según un comunicado judicial trasmitido este viernes a la AFP.

El vídeo difundido por una ONG local de defensa de los derechos humanos, Prodein, grabado el 15 de octubre, mostraba a al menos un agente golpeando a un inmigrante que trataba de saltar la triple valla fronteriza que rodea Melilla. Las imágenes levantaron mucha indignación en España.

En ellas se veía también como los guardias recogían al inmigrante del suelo, aparentemente inconsciente después de los golpes recibidos, para entregarlo a las fuerzas del orden marroquíes sin preocuparse por él ni asistirle sanitariamente.

El juez investiga presuntos delitos de omisión del deber de socorro, trato degradante, lesiones y coacciones, entre otros.

Las autoridades españolas "violan los derechos humanos con mucha violencia. Esto debe parar" declaró a la AFP José Palazón, portavoz de Prodein, una de las asociaciones en el origen de este proceso judicial, que también investiga otros incidentes relacionados con expulsiones de inmigrantes el 13 de agosto y el 18 de junio de 2014.

"Lamentamos que el ministerio del Interior no haya abierto ningún tipo de investigación interna para acabar con este tipo de prácticas", declaró a la AFP María Serrano, una portavoz de Amnistía Internacional en España, celebrando la citación de los guardias civiles.

Estas asociaciones acusan a España de querer legalizar las "devoluciones en caliente" de los inmigrantes que traspasan la valla fronteriza de Melilla, sin darles posibilidad de pedir asilo.

El comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, denunció también estas intenciones en enero, juzgándolas "injustas e ilegales desde el punto de vista del derecho internacional".

Por su parte, el gobierno español reclama un mayor apoyo de la Unión Europea para vigilar los enclaves de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres entre Europa y África que constituyen la puerta de entrada al continente para miles de inmigrantes procedentes de zonas en conflicto bélico o países pobres.

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