Global

Presidente colombiano promete protección para defensores de derechos humanos

En Cauca, suroeste de Colombia, la región donde más líderes sociales han muerto en los últimos meses, el presidente Juan Manuel Santos prometió este jueves que el Estado protegerá a activistas y defensores de derechos humanos de "intolerantes" y "criminales".

"Hemos venido aquí (...) para reafirmar la decisión integral del Estado de prevenir y esclarecer las amenazas y las conductas contra líderes sociales", enfatizó el mandatario, al instalar la Comisión de Garantías de Seguridad Nacional, establecida en el pacto firmado en noviembre con las FARC para superar medio siglo de conflicto.

"No vamos a permitir que se repitan tragedias como la que ocurrió con la Unión Patriótica (UP) en los años 1980 y 1990", dijo.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) temen que una vez dejen las armas y se reincorporen a la vida civil se reedite el exterminio de la UP, sucedido tras un fallido proceso de paz en 1984.

Entonces, unos 3.000 militantes de ese movimiento político de tendencia comunista fueron asesinados por paramilitares en connivencia con fuerzas estatales.

"No vamos a permitir que los violentos, los intolerantes, los criminales, se salgan con la suya", enfatizó Santos, señalando su compromiso "para proteger" la implementación del acuerdo.

A finales de enero, el gobierno dio cuenta de 17 asesinatos de líderes sociales cometidos tras la aprobación del pacto con las FARC en el Congreso el 1 de diciembre.

Este jueves, el presidente, que recordó el homicidio el domingo pasado de un líder social en Cauca, reportó 74 muertes de activistas desde inicios de 2016 confirmadas por la ONU, de las cuales en 25 hay "avances significativos" en la investigación.

"No vamos a dejar ningún caso en la impunidad", sentenció.

En la primera reunión de la Comisión se decidió dar prioridad al "trabajo de seguimiento" en los cuatro departamentos con mayor riesgo: Cauca (oeste), Norte de Santander (noreste), Antioquia y Córdoba (noroeste), para fortalecer las labores de investigación de los crímenes.

Además, Santos señaló que su gobierno redobló la presencia de la fuerza pública en zonas donde antes operaban las FARC, cuyos casi 7.000 combatientes están concentrados en 26 zonas para dejar sus armas en un proceso que debe concluir el 1 de junio.

La ONG Somos Defensores reveló el miércoles que en 2016 fueron asesinados 80 defensores de derechos humanos y otros 49 sufrieron atentados, un incremento de 22% y 29% respectivamente frente a 2015.

dqg-ad/lda/lb

WhatsAppWhatsAppFacebookFacebookTwitterTwitterLinkedinlinkedin
FacebookTwitterlinkedin