TEPCO, la Eléctrica de Tokio, detectó a principios de febrero de este año unos niveles de radiación récord en el reactor número dos de la central nuclear de Fukushima, afectada por el terremoto y tsunami que sacudió la región en marzo de 2011. Tan de récord que los 530 sieverts por hora que registraron las mediciones podrían matar a una persona con una corta exposición. A pocos días de que se cumplan seis años del accidente nuclear más grave desde Chernóbil (Ucrania, 1986), salen a la luz casos que cuestionan aún más la gestión de la situación por parte del Gobierno.
Este marzo el Gobierno nipón pretende realojar -a la fuerza, según varias ONG- a los evacuados de Fukushima bajo la premisa de que no hay riesgo radiactivo; la localidad de Iitate ha sido declarada habitable desde abril aunque supera con holgura el umbral seguro para la salud. Esta medida coincide con que a final de mes acaba el programa de ayudas estatales a los desplazados de sus hogares. Estas contribuciones consisten en alojamientos temporales gratuitos o viviendas de alquiler subvencionadas. Greenpeace Japón, Human Rights Now y otras ONG japonesas aseguran en un informe que tratar de normalizar la situación vulnera los derechos humanos de los evacuados.
A esta polémica se suma otra, publicada este miércoles por el diario japonés Chunichi. Según informa, dos ciudadanos de Bangladesh fueron engañados al recibir la promesa de una visa para ampliar su estancia en Japón -salieron de su país en 2013 por motivos políticos- a cambio de limpiar Fukushima, una tarea para la que al Gobierno le cuesta encontrar manos. Pero los permisos nunca llegaron, según informa ese medio nipón.
En concreto, los dos banglaseshies estuvieron de enero a marzo de 2015 realizando labores de descontaminación en la misma localidad del realojo forzoso, a 50 kilómetros de la central. El trabajo supone, en algúna ocasión, tratar con restos radiactivos. "Nos creímos la historia de la visa porque nos contaron que ese era un trabajo que no los japoneses no quieren realizar", ha contado Monir Hossain, uno de los implicados, a Chunichi. Según el informe de las ONG que alerta sobre los realojos, los altos niveles de radiación son aún más altos en zonas forestales de Iitate, donde la radiactividad "es comparable a la zona de exclusión de Chernóbil", con acceso aún prohibido 30 años después.
En unas declaraciones a Reuters Mitsushi Uragami, empleado del Ministerio de Justicia, asegura que no hay permisos de residencia por trabajar limpiar la radiactividad y que se están realizando averiguaciones sobre el caso.
El fuerte terremoto de 2011 no fue el problema para Fukushima-1. La central estaba preparada para el sismo pero no para el tsunami, que fue lo que la arrasó y provocó las explosiones de hidrógeno que fundieron los núcleos de algunos reactores nucleares.
Reparar todos los daños en la central y los producidos por la fuga radiactiva va a costar más de lo estimado a lo largo de estos años. El total ha sido revisado en varias ocasiones. La última, a finales de 2016 estimaba que desmantelar Fukushima costará, según informaba AFP, 170.000 millones de euros. Ese gasto corresponde a los trabajos de desmantelamiento de la central, de las indemnizaciones a los habitantes y de la descontaminación ambiental.
