La Policía Nacional ha detenido en distintas provincias a 37 integrantes de una red de tráfico de personas que introducía ilegalmente en España a ciudadanos vietnamitas, a los que se hacía pasar por menores no acompañados y que luego eran explotados en centro de manicura de todo el país.
Según informó la Policía, la trama tenía su infraestructura principal en Barcelona y habría logrado introducir en territorio nacional a 730 ciudadanos vietnamitas.
El método utilizado por el grupo criminal era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (menas) iniciados en puestos fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat.
La red cobraba 18.000 euros por cada persona que introducía en España y había alcanzado desde enero de 2018 una cifra de negocio superior a los 13.000.0000 de euros. En la operación se han llevado a cabo más de 100 inspecciones en centros de manicura de Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, Gerona, Lérida, Tarragona, León, Huelva, Córdoba y Barcelona
Aumento de menores no acompañados desde Vietnam
Las investigaciones fueron iniciadas por los agentes a principios del presente año, tras el aumento de solicitantes de Protección Internacional y del protocolo para menas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En ambos casos, los ciudadanos vietnamitas hacían uso fraudulentos de dichas figuras.
Tras la solicitud inicial en ningún caso continuaban con el expediente administrativo sino que lo que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen (UE). Para este fin, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de regreso para realizar un tránsito ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban protección Internacional o alegaban ser menores no acompañados.
Según la Policía, esta forma de proceder por parte de la organización demuestra "el profundo conocimiento de la legislación, de manera que instruían perfectamente a sus víctimas sobre todos los pasos a seguir en cuanto a rutas por los países intermedios, tránsito ficticio en España y alegaciones en los trámites que realizaban".
Huían de los centros de acogida en taxi
Cuando los ciudadanos vietnamitas obtenían el acceso a España si solicitaban protección internacional rechazaban el aprovechamiento de los recursos asistenciales y si era iniciado el protocolo para menores extranjeros no acompañados se fugaban de los centros en los que eran ingresados para luego, en ambas situaciones, trasladarse en transporte público normalmente en taxi hasta Barcelona.
La organización formaba grupos de seis a 12 personas y cada uno contaba, con un líder que ejercía de guía y les acompañaba en todo el trayecto.
Durante el vuelo a España eran destruidos sus pasaportes para que no fueran identificados y facilitar así la utilización fraudulenta de los procedimientos mencionados.
La red poseía una infraestructura en Vietnam para la captación, la organización del viaje y la gestión de pagos, y otras en países sudamericanos, para la recepción y acogimiento durante varios días de los inmigrantes para simular su estancia por turismo, así como en España, lugar de recepción, explotación y derivación a diferentes provincias y a otros países europeos como Francia y Alemania.
Un funcionario de extranjería de Huelva, detenido
Entre los arrestados se encuentran los máximos responsables de la organización en Europa y en la operación se han practicado las referidas inspecciones por toda España y diez registros en Barcelona que han posibilitado la intervención de 60.000 euros, cuatro vehículos, dispositivos de almacenamiento masivo de información y diversa documentación.
Entre los detenidos destaca un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva que aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo social como resoluciones de concesión con la firma falsificada de la subdelegada del Gobierno en Huelva.
Este funcionario estaba en connivencia con un empresario vietnamita, que tenía contacto con otros implicados.
Vivían encerrados en zulos
Los investigadores han comprobado el trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización, donde les mantenían encerrados a veces en zulos a los que se accedía a través de una trampilla.
Los inmigrante eran trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta estos pisos tras jornadas laborales de doce horas sin libertad de movimiento.
