Los Gobiernos de los 27 países de la UE y los representantes del Parlamento Europeo han alcanzado este miércoles un acuerdo para que las autoridades de un país puedan dejar sin Internet a un ciudadano que estaría realizando descargas presuntamente ilegales. El corte de la conexión se podría ejecutar sin necesidad de una autorización judicial previa.
El acuerdo está aún pendiente de ser ratificado por la votación que el pleno de la Eurocámara celebrará el miércoles que viene. Se cierra así la negociación sobre la reforma del marco legislativo del sector de las telecomunicaciones.
La reforma legislativa estaba inicialmente enfocada a impulsar la liberalización de las telecos y a avanzar hacia la integración en un verdadero mercado único los 27 mercados nacionales de este sector. De manera que ya se ha pactado, por ejemplo, la creación de una agencia en la que colaborarán los reguladores nacionales de los mercados de telecomunicaciones (la española Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y sus homólogas europeas). También se concede a los reguladores de cada país poderes para trocear operadores dominantes (como Telefónica en España) si obstaculizan la libre competencia, aunque sería la última opción a la que sólo recurrirían si han fracasado otros remedios liberalizadores.
Y se flexibilizará la gestión de las licencias para que televisiones, telecos, etcétera, operen en el espectro electromagnético. Por el contrario, Bruselas no ha logrado el poder que pedía para vetar las decisiones de los reguladores nacionales.
Sarkozy y Obama
Pero en mitad del trámite legislativo se colaron las presiones contra las descargas de Francia y Estados Unidos. El Gobierno francés trabaja en una ley que permitirá que un organismo administrativo pueda ordenar a una teleco que corte la conexión a Internet de uno de sus clientes, si considera que está haciendo descargas ilegales. Esta decisión administrativa no necesitaría de la bendición previa de un juez.
El Parlamento Europeo montó en cólera por lo que consideraba una violación de las libertades individuales. E intentó introducir en la legislación europea una cláusula que prohibiera que mecanismos anti piratería como el francés pudieran funcionar sin control judicial previo.
Pero la Eurocámara no sólo ha chocado con la Francia presidida por el muy influyente Nicolas Sarkozy. Fuentes comunitarias han confirmado a elEconomista que las embajadas de Estados Unidos están presionando a todos los países de la UE para que adopten medidas firmes contra las descargas. Las copias en Internet afectan sobre todo a música, cine y programas informáticos, y la abrumadora mayoría de este material procede de EE UU, cuyo producto interior bruto se nutre en buena medida de estos tres sectores.
Bajo el peso de Barack Obama y Nicolas Sarkozy, los eurodiputados que negocian con los Gobiernos de los 27 el contenido de la futura legislación del sector telecos han terminado por ceder. Ya sólo queda la incógnita de si el pleno del Parlamento Europeo acatará el acuerdo o, lo que en Bruselas se considera menos probable, se revelará y votará en su contra la semana que viene.
Los eurodiputados han aceptado que desaparezca del texto la exigencia de intervención judicial previa. Para salvar la honrilla, han añadido algo que es obvio: que quien sufra el corte de su conexión a Internet por una decisión administrativa, tiene derecho de recurrir a la Justicia.
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