
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que la futura Ley de Transparencia se aplicará también a los partidos políticos. Rajoy ha hecho este anuncio en la sesión de control del Congreso y en respuesta a una pregunta sobre corrupción de la líder de UPyD, Rosa Díez. elEconomista ya señaló ayer que el Ejecutivo iba a poner en práctica esta medida.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que la corrupción no está generalizada en España y ha subrayado que su Gobierno ya ha tomado numerosas medidas para combatirla, prevenirla y sancionarla.
El Gobierno saca pecho
Rajoy ha presumido de todas las medidas que su Gobierno ha puesto en marcha desde su llegada al poder para combatir la corrupción y ha querido dejar claro que no se puede extender de manera generalizada "el manto de las sospechas" sobre la clase política porque, según ha dicho, "la inmensa mayoría" son gente "honrada".
"Hoy hay nuevas obligaciones de transparencia, como publicar las cuentas una vez fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas", comentó. "Hoy hay nuevos controles y límites para controlar las donaciones a los partidos", insistió, y apuntó que las condonaciones y las deudas también están controladas, bien por el Tribunal de Cuentas o por el Banco de España.
También añadió que existen mayores penas para delitos relacionados con las cuentas públicas y, por último, afirmó que su Gobierno, "por primera vez en la historia de la democracia española", ha presentado una Ley de Transparencia.
Y en ese marco, Rajoy afirmó que va a "promover que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen a los partidos", para luego mostrarse abierto a más propuestas de los diferentes grupos políticos.
Idea recurrente
Ayer mismo, el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, se ha mostrado partidario de aplicar el espíritu de la Ley de Transparencia a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, las ONG y a toda entidad privada que reciba importantes cantidades de dinero público y cuya labor tenga trascendencia pública y social, pero ha recomendado que se haga a través de sus correspondientes leyes específicas en lugar de incluir esas entidades particulares en el proyecto de ley que se refiere al sector público.