El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado su participación en el fondo de pensiones del Parlamento Europeo porque "yo mismo lo declaré".
En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local, el ministro ha explicado que durante su actividad en el Parlamento Europeo constituyó este fondo voluntario que está gestionado por una sicav, motivo por el cual ha presentado su dimisión el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer.
"Está en mi declaración en la página web del Congreso de los Diputados y se trata de un derecho generado durante tres años y ocho meses y no tienen ningún tipo de misterio", ha incidido.
Según ha declarado, lo importante es que ese fondo forme parte de la declaración de la renta "y eso es la normalidad, como se hace con cualquier fondo de pensiones [...] No hay ningún tipo de misterio porque yo mismo lo declaré en mi declaración de patrimonio presentada antes el Congreso de los Diputados", ha insistido el ministro.
La dimisión de Willy Meyer y la petición de baja de Elena Valenciano, que aseguraba que tampoco conocía que el fondo de pensiones del que forma parte lo gestionaba una sicav, ha hecho que el debate vuelva a resurgir. Además del ministro de Hacienda y de Meyer y Valenciano, son muchos otros los nombres de eurodiputados que forman parte de la sicav.
Miguel Arias Cañete, Rosa Díaz, Jaime Mayor Oreja, Íñigo Méndez de Vigo, Carmen Fraga, Luis de Grandes, Enrique Barón, Joan Calabuig, Fernando Morán, Emilio Menéndez del Valle, Inés Ayala... y así hasta completar una lista de 39 europarlamentarios españoles, de los 480 totales, que participan en ese fondo de pensiones, lista que fue publicada por el 'think tank' británico Open Europe en 2009.
Pero... ¿qué es una sicav?
Con la polémica al rojo vivo, no está de más recordar de lo que estamos hablando. Una sicav o sociedad de inversión de capital variable es un instrumento utilizado principalmente por grandes fortunas porque les permite invertir parte de su dinero y diferir el pago de impuestos gracias a la creación de una sociedad anónima destinada únicamente a invertir en activos financieros.
Estas sicavs son bastante comunes en Europa no solo entre las familias más acaudaladas, sino también como instrumento para gestionar fondos de inversión, gracias a sus ventajas fiscales: se paga un 1 % de impuestos por los rendimientos y plusvalías que generen.
Requisitos
Para crear una sicav se deben cumplir algunos requisitos, como contar con al menos cien accionistas y un capital mínimo de 2,4 millones de euros; en el caso de una sicav por compartimentos, el capital mínimo desembolsado es de 480.000 euros.
Existen también restricciones a la inversión del capital de la sicav, que debe estar destinado principalmente a valores admitidos a cotización y diversificado entre distintas sociedades.
Aún así, el favorable tratamiento fiscal sigue siendo el gran gancho para la creación de una sicav. Entre las mayores de España están Morinvest, en la que participa la empresaria Alicia Koplowitz; y Allocation, vinculada a la familia del Pino.
Otros fondos de inversión en el extranjero
Al margen de las propias sicavs de grandes fortunas, hay numerosos fondos de inversión creados en el extranjero y comercializados en España que son gestionados por este tipo de sociedades de inversión y que suelen estar domiciliadas en Luxemburgo.
Es el caso del fondo privado de pensiones suscrito por varios eurodiputados y vinculado a una sicav en Luxemburgo, cuya legalidad ha defendido el Parlamento Europeo, y que ha llevado a dimitir al líder de IU Willy Meyer, tras asegurar desconocer este vínculo.
"Absolutamente legal"
Según el PE, el fondo se creó en 1990 por un grupo de entonces eurodiputados y al que se han ido añadiendo sucesivos parlamentarios europeos.
La Eurocámara precisó hoy que en junio de ese año, al constituirse el fondo de pensiones y ante la falta de un régimen común, la Mesa del Parlamento Europeo aceptó colaborar con ese fondo complementario.
La fórmula escogida para este sistema fue una sicav, que el PE insiste "es absolutamente legal y se utiliza frecuentemente para sistemas complementarios de pensiones".
En aquella época, los sueldos, cobertura y prestaciones sociales de los eurodiputados dependían de cada Estado Miembro y sus normas nacionales, explicaron las fuentes.
La Mesa del Parlamento Europeo salió de ese fondo en 2009, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Eurodiputado, en virtud del cual los salarios y prestaciones sociales -incluidas las pensiones- pasaron a depender de las instituciones europeas.
Fuentes parlamentarias dijeronque en ese momento "los eurodiputados fueron informados de la decisión del PE de retirarse del fondo" y que en consecuencia, de forma privada, podían decidir si continuaban sus aportaciones o no.