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Gallardón deja a Catalá una maraña de leyes con una enconada respuesta social

Alberto Ruiz-Gallardón. Foto: Europa Press/Archivo

La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sorprendido poco en el mundo de la Justicia, puesto que estaba enfrentado con todos y cada uno de los colectivos que lo conforman.

Su herencia será una pesada losa para su sustituto, Rafael Catalá, que deberá afrontar ahora si los proyectos estrella del exministro siguen su tramitación o si, por el contrario, se van a mantener con el apoyo del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según explica Iuris&Lex, la revista jurídica digital de elEconomista.

Ruiz-Gallardón llegó al Ministerio con el firme propósito de emprender una reforma profunda de la Justicia, una auténtica revolución. Si bien ha llevado a cabo algunos de los cambios más sustanciales, muchas cosas se quedan a medio hacer y otras se quedarán en el baúl de los recuerdos,

En su despedida, Gallardón no hizo ni tan siquiera una sola referencia a esta herencia legislativa para su sucesor. En su última rueda de prensa se ciñó exclusivamente al proyecto de Ley del Aborto.

La Ley del Aborto

La norma que ha sido la guinda que colmó la paciencia de Rajoy es la Ley del Aborto. Es de esperar que no dé mayores quebraderos de cabeza al nuevo titular de Justicia, al menos hasta las próximas elecciones generales de 2015, a tenor del anuncio del jefe del Ejecutivo de que el Gobierno sólo reformará la actual norma para asegurar que las menores de 16 y 17 años necesitan del consentimiento paterno para interrumpir su embarazo y apostará por un Plan de Protección de la Familia que verá la luz antes de finales de año.

Además, el secretario general del PSOE celebraba públicamente la retirada del anteproyecto de Ley y declaraba que "es un gran día para la libertad de las mujeres y de todos, que estaba amenazada por un Gobierno insensible".

Tasas Judiciales

La Ley de Tasas Judiciales es denostada por buena parte de los jueces y magistrados, de los abogados y procuradores así como por los usuarios de la Justicia, desde antes de su entrada en vigor en 2012. Está pendiente se un fallo del Tribunal Constitucional.

La oposición unía sus voces en el Pleno del Congreso el pasado martes para demandar al Gobierno la retirada de esta norma por sus "exorbitantes" cuantías y sus "desproporcionados" efectos.

La práctica totalidad de los sectores jurídicos siguieron insistiendo en que la Ley vulnera el derecho de acceso a la justicia de miles de ciudadanos creando una Justicia a dos velocidades: una para ricos y otra para pobres.

Asistencia Jurídica Gratuita

Un caso similar es el proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita, que ha contado con la oposición frontal del colectivo de abogados. Entró en el Congreso de los Diputados en el pasado mes de febrero y el Gobierno exigió que se acelerara su desarrollo parlamentario con la celebración de sesiones extraordinarias de las comisiones de Justicia. La norma endurece los criterios para acceder a este servicio.

Código Penal

La reforma del Código Penal, que aún sigue en el tintero, es tan polémica como extensa, y ha despertado críticas por asuntos tan dispares de su articulado como la prisión permanente revisable, la introducción de la custodia de seguridad o la tipificación de la actividad de las web de enlaces a contenidos ilegales, actividad esta última que podrá castigarse con hasta seis años de cárcel en los subtipos agravados.

La norma también introducirá cambios en materia de delitos económicos, relativos a la propiedad, los agravantes de la estafa, la administración desleal, los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, las insolvencias punibles, la corrupción privada, la malversación y la corrupción de agentes públicos extranjeros. Sus principales detractores hablan de reformas "a golpe de titular" y de excesivas restricciones con las penas propuestas.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

La reforma de la Ley Orgánica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha despertado tanto adhesiones como rechazos a partes iguales.

En la actualidad está en fase de presentación de enmiendas a la totalidad, que concluye el día 30 de septiembre. Este texto elimina la figura de imputado, con el objetivo de evitar los juicios mediáticos, o limitar a un mes del secreto de sumarial. Ningún ministro de Justicia se ha atrevido a hacer una reforma tan profunda desde su creación en 1882, lo que le ha granjeado alabanzas y críticas a partes iguales.

Consejo General del Poder Judicial

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que había permanecido en funciones cerca de tres meses, fue tachada de "partidista" y "errónea" por los sectores del mundo de la Justicia y por algunos partidos políticos, que incluso plantearon un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Mientras PP y PSOE, que sorprendieron a todos con un acuerdo in extremis, defendían el "prestigio y excelencia" de los vocales designados, las críticas llegaron de casi todos los frentes. Los jueces criticaron una distribución partidista, y llegaron a decir que la institución está "herida de muerte". Otros vieron en el sistema de designación un "reparto de cuotas" que convierte al CGPJ en un "miniparlamento" y en una "pantomima".

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