El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, ha convocado este jueves a las 18.00 horas la sesión plenaria para la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, tras alcanzarse un acuerdo entre PSOE-A y Ciudadanos. Ni rastro de Chaves y Griñán.
Así lo han indicado fuentes parlamentarias, que han indicado que todos los grupos parlamentarios ya han sido informados de la convocatoria del pleno en el que Díaz afrontará la que será su cuarta y última votación.
El PSOE-A y Ciudadanos (C's) han firmado este martes los tres documentos que la formación liderada por Albert Rivera a nivel nacional había planteado como condición para desbloquear la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta.
La firma, que ha tenido lugar pasadas las 17.00 horas de este martes en la sala de la Mesa del Parlamento, ha sido llevada a cabo por el secretario general del PSOE-A, Juan Cornejo, y el coordinador territorial de Ciudadanos en Andalucía, Manuel Buzón.
Si bien, también han estado sentados en la mesa los portavoces parlamentarios del PSOE-A y de C's, Mario Jiménez e Irene Rivera, respectivamente. Cornejo ha llegado acompañado a la firma por el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios y por Mario Jiménez.
Los tres documentos, referentes a transparencia y regeneración democrática; educación; y economía y empleo, contienen un total de 72 medidas.
Las claves del acuerdo
Los documentos del acuerdo que han firmado Ciudadanos y PSOE-A para la investidura de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, contemplan un total de 72 medidas sobre regeneración democrática, reactivación económica y empleo y cohesión social.
El paquete de medidas para la regeneración democrática, transparencia y la participación ciudadana, recogido por Europa Press, entre otras medidas, contempla la eliminación de los aforamientos a nivel autonómico, así como la limitación de mandatos de los presidentes de las comunidades autonómicas, aunque no concreta a cuántos años.
Asimismo, dentro de la "necesidad" de una nueva ley electoral, asume que debería hacerse desde la idoneidad de incluir listas abiertas o desbloqueadas, proporcionalidad -el voto de cada ciudadano debe tener el mismo valor-, y reducir de los gastos electorales en un 50 por ciento.
También incluye que los partidos remitan a la Cámara de Cuentas y vía telemática su estructura y su contabilidad; que los cargos institucionales que perciban una retribución pública no cobren de sus formaciones, y que hagan pública la declaración de bienes, actividades e intereses y de las declaraciones anuales del IRPF, así como de su cónyuge.
Además, los partidos que se hayan financiado ilegalmente a través de actos de corrupción deben hacerse responsables patrimonialmente de dichos actos, y los cargos públicos responderán en su caso con su patrimonio y el delito será imprescriptible; a la par que deberán contar con órganos internos específicos anticorrupción.
El paquete de medidas no menciona en ningún momento la situación del expresidente de la Junta Manuel Chaves, cuya renuncia al acta de diputado en el Congreso había sido el principal punto de desencuentro entre C's y el PSOE-A para respaldar la investidura de Susana Díaz.
No obstante, sí contempla la necesidad de separar "de inmediato" a cualquier cargo público, electo o designado, que resulte imputado por corrupción política o que mienta o manipule su currículum o su cualificación profesional o académica, de igual manera que sostiene que las personas imputadas por corrupción política no formarán parte de listas electorales.
Por último, propone reducir entre 2 y 3,5 puntos en el tramo autonómico del IRPF para clases medias y bajas. También contempla contratar a unos 500 profesores de infantil, primaria y secundaria y 12.000 plazas nuevas de educación infantil.
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