El PP ha presentado este martes en el Congreso una proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional para permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.
La propuesta de reforma de la ley del Tribunal Constitucional, presentada por el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando y el candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, quien considera que esta medida será "la garantía" de que no hay opción a la independencia de Cataluña: "La broma ha terminado", ha proclamado.
Aunque el Senado aún está debatiendo la reforma de la Ley del TC para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad ante reformas estatutarias, el PP ha presentado esta otra reforma separadamente, pero con idea de que se aprueba antes de la disolución de las Cámaras.
Tramitación en mes y medio
Según los planes del Grupo Popular, la proposición de ley se tramitará en el Congreso por el procedimiento de urgencia (acortando todos los plazos) y en lectura única (sin pasar por ponencia ni comisión).
Su toma en consideración se sitúa en el Pleno de los Presupuestos Generales, en la semana del 15 de octubre y su aprobación por el Congreso se espera para la semana siguiente a las elecciones catalanas (29 de septiembre). De ahí saldrá al Senado con tiempo para su aprobación definitiva antes de convocar las elecciones generales.
La iniciativa del PP, de cuya presentación se ha informado al PSOE, detalla un régimen específico de actuación para los supuestos en que alguien no ejecute las sentencias del TC, a la vista de que, según los 'populares', ha habido varios casos de "desacato" en los últimos tiempos, en velada alusión a la Generalitat y su consulta soberanista de 2014.
En concreto, el Tribunal solicitará un informe a quienes deban cumplir cada resolución y, si se agota el plazo sin ser ejecutada, podrá imponer multas de 3.000 a 30.000 euros e incluso acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos que no cumplan.
Se tomarán las medidas necesarias
Además, se podrá pedir al Gobierno central, incluso estando en funciones (fase en la que entrará el Ejecutivo al día siguiente de las próximas elecciones generales de diciembre), que adopte "las medidas necesarias" para asegurar la ejecución de la sentencia. Todo ello, sin perjuicio de que también se exijan responsabilidad por la vía penal.
Y en los casos "de especial trascendencia constitucional", el Tribunal Constitucional, ya sea de oficio o a instancia del Gobierno de la Nación, podrá adoptar esas para ejecutar las sentencias sin oír a las partes. Eso sí, después se habilitará un plazo de tres días para dar audiencia a los afectados y a la Fiscalía, tras los cuales el Alto Tribunal decidirá si ratifica o levanta esas medidas extraordinarias.
Según ha explicado Rafael Hernando, con esta reforma se dotará de instrumentos al TC para hacer cumplir sus sentencias y es aplicable en todos los ámbitos, pero el PP no oculta que tiene especial incidencia en el escenario catalán, donde la candidatura de Junts pel Sí pretende declarar unilateralmente la secesión de Cataluña.
De hecho, Hernando ha reconocido que ya venían trabajando en esta reforma con el PP catalán y la ha presentado públicamente con su actual candidato, Xavier García Albiol, quien considera "un día histórico" el registro de esta reforma porque "es la garantía de que nadie puede saltarse las decisiones del TC"
"Esto no va contra nadie, bueno, contra quienes no respetan las reglas del juego -ha asegurado el ex alcalde de Badalona-. Es un mensaje muy claro a aquellos que quieren romper España: La broma ha terminado".
"Algunos se lo pensarán mejor -ha añadido Hernando-. Autoridades y funcionarios tendrán que tener en su cabeza que las decisiones que tomen no les van a salir gratis".
Lo del artículo 155 es otra vía
Eso sí, el PP ha querido dejar claro que la vía abierta al TC para multar y suspender a gobernantes es un camino distinto al artículo 155 de la Constitución que permite al Estado recuperar competencias autonómicas por incumplir leyes, y que tampoco afecta a la posibilidad de exigir responsabilidades penales a un gobernante.
Además de haber informado al PSOE de la presentación de la iniciativa, el PP ha hecho un llamamiento al resto del arco parlamentario para apoyarla en las Cortes. García Albiol se ha dirigido expresamente al PSC, para medir su "coherencia", y a Unió, que en su opinión ha sido "responsable" de la deriva independentista y "ahora está disimulando".
Y Rafael Hernando ha tenido también palabras para Ciudadanos, que fue quien amagó por pedir la supresión del TC si no se reformaba. "A veces se cometen grandes errores cuando se hacen estas propuestas", ha comentado.
Críticas desde el Govern y CDC
Desde el Govern, la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha rechazado este martes que la propuesta del PP es electoralista y podría ser "inconstitucional", aunque admite que deben estudiar la proposición de ley cuando se sepa al detalle.
Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu, al preguntársele por la proposición de ley para que el TC pueda multar y suspender a funcionarios y gobernantes que incumplen sus decisiones, lo cual sería aplicable a todas las administraciones pero está pensado por si Catalunya declara su independencia.
Munté interpreta que el PP reacciona así al proceso soberanista con "represión, endurecimiento de multas y posible suspensión de funciones", y ha dicho que es el Estado el que está incumpliendo sentencias.
En Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), partido de Mas, su portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha denunciado este martes que la proposición del PP es "el mayor ataque a la democracia que se ha producido desde 1978".
"Si nos quieren a todos delante de los tribunales iremos, pero defenderemos nuestra patria", ha avisado el portavoz de CDC en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, tras afirmar que el 27 de septiembre Cataluña celebrará "elecciones plebiscitarias".
Más "sosiego" y más "rigor"
Desde el PSOE, su secretaria de Empleo, Mari Luz Rodríguez, ha asegurado hoy que una iniciativa de estas características necesita "sosiego" y "reflexión" por lo que la valorarán a lo largo del día de hoy.
"No teníamos conocimiento de esa iniciativa del PP hasta verla por teletipos", afirmó Mari Luiz Rodríguez. Por ello, pidió sosiego para analizarlar. "Queremos valorarla como se hace con estas iniciativas tan importantes", dijo para acto seguido aclarar que se está hablando de "las reglas del juego del proceso democrático", por lo que hay que valorarlo con "rigor, serenidad y mucha reflexión".
"Les informaremos de la posición del PSOE tras esa reflexión, porque algo tan importante como una reforma constitucional no puede valorarse en dos minutos", concluyó.
También ha opinado por parte de los socialistas el secretario de acción política y ciudadana del PSOE, Patxi López, quien ha acusado al PP de hacer una "utilización partidaria de las instituciones", de "deslealtad" e "irresponsabilidad" por esta reforma exprés. Tras esta valoración, ha asegurado que el PSOE no va a apoyar la reforma.
Una reforma "a última hora"
Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha rechazado este martes la propuesta del PP. A su juicio, los 'populares' presentan esta iniciativa "a última hora" y después de toda una legislatura en la que el Gobierno de Mariano Rajoy ha permitido a la Generalitat de Cataluña no cumplir las leyes.
"Tarde y mal. Me hubiera gustado que el Gobierno hiciera cumplir las sentencias desde el primer minuto como a cualquier ciudadano", ha defendido Rivera en la primera rueda de prensa de la nueva ejecutiva de Ciudadanos sobre la proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP.
El líder de Ciudadanos ha recordado incumplimientos de sentencias judiciales que el PP ha permitido, como la consulta independentista del pasado 9N o las normas sobre bilingüismo, y ha censurado que ahora impulse esta reforma del Tribunal Constitucional a sólo diez días de que comience la campaña de las elecciones catalanas. A su juicio, esta medida no es necesaria porque las leyes se pueden hacer cumplir mediante la justicia ordinaria y el PP no lo hacía porque era "socio" de CiU y el presidente catalán, Artur Mas.
"Las amenazas" no ayudan
Asimismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado esta reforma asegurando que "las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país entiendan", y ha apostado "por el diálogo".
"Si de lo que hablamos es de la estructura territorial del Estado, pensamos que hay que apostar por la hermandad y por la fraternidad de los diferentes pueblos que componen un país, que nosotros entendemos como plurinacional", ha afirmado en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, donde ha acompañado a la nueva senadora de Podemos Pilar Lima, la primera parlamentaria sorda de España, en su toma de posesión del escaño.
Así, tras celebrar la llegada de Lima al Senado como un paso más para acabar con las límites que encuentran las personas sordas, Iglesias ha criticado, sobre la iniciativa del PP, que "las amenazas no contribuyen a que ciudadanos de este país entiendan".
"Siempre vamos a apostar por el diálogo, atendiendo a las diferencias que hay en la manera de sentir de muchos ciudadanos", ha afirmado, al tiempo que ha denunciado que, para Podemos, "el frentismo de la corrupción", esté "encabezado" por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o por el de la Generalitat, Artur Mas, "significa lo mismo: Separar a las ciudadanos". "Nosotros apostamos por la fraternidad", ha reafirmado.
La proposición de ley de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el PP busca permitir a esta instancia judicial multar e incluso suspender a los funcionarios y gobernantes que no cumplen sus sentencias y resoluciones, una iniciativa que, aunque aplicable a todas las administraciones, está pensada para un posible escenario de declaración unilateral de independencia en Cataluña.
Unió señala al PP
El secretario general de Unió, Ramon Espadaler, ha advertido este martes de que el PP "debería aplicarse a sí mismo" su propuesta de suspender a gobiernos que incumplan sentencias del TC, y le ha reclamado dialogar sobre el proceso soberanista en vez de reformas como ésta, que considera oportunista por la cercanía de las elecciones catalanas.
En rueda de prensa tras un comité electoral de Unió en Tarragona, Espadaler ha dicho que el Gobierno popular es "el primero que está incumpliendo sentencias del TC", y ha puesto como ejemplos incumplimientos sobre formación ocupacional, políticas activas de empleo, financiación, aunque asegura que la lista es muy larga y que afecta a Cataluña y el resto de autonomías.
Merkel advierte a Mas
