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Puigdemont siembra en un mes una ley, tres desafíos y dudas sobre la CUP

8:15 - 10/02/2016
Puigdemont, en su toma de posesión. Imagen: EFE

Bromeaba en el Parlament Miquel Iceta, líder del PSC, con que, como la nueva legislatura en Cataluña iba a durar sólo 18 meses, el periodo de gracia del nuevo Gobierno tendría que ser de 37 días y no de 100 como es habitual. Si damos por buena la adaptación del plazo de Iceta, los días de tregua para Carles Puigdemont están a punto de terminarse, porque justo hoy se cumple un mes del inesperado debate de investidura en el que el alcalde de Girona se convirtió por sorpresa en presidente de la Generalitat.

Desde entonces, Puigdemont ha protagonizado una agenda complicada. Se ha entrevistado con todos los partidos políticos de la oposición, se ha reunido con las patronales de empresarios y, además, ha tenido tiempo para regatear al Estado español y colarle que se empiecen a debatir las tres leyes -la de Hacienda, la de Seguridad Social y la de seguridad jurídica- con las que quiere dar forma a la futura república de Cataluña en tres comisiones del Parlamento. Para el Tribunal Constitucional puede resultar complicado parar este debate, que se producirá en comisiones con mayoría independentista, y cuyas leyes no verán la luz hasta el final de todo el proceso de transición hacia la ruptura con España.

El discurso de Puigdemont -sin dejar de ser totalmente independentista- se ha atemperado respecto al que en los últimos meses en el Gobierno utilizaba Artur Mas. De hecho, incluso algunos empresarios -que siguen preocupados por el efecto del secesionismo; esto no ha cambiado- reconocen que en los primeros encuentros que han tenido con él, al menos Puigdemont se ha mostrado dispuesto a dialogar y que esto se había convertido en un imposible con Artur Mas. La ventaja de Puigdemont es que no le hace falta demostrar que es independentista, algo que Artur Mas sí necesitaba, lo que evita que tenga que dar golpes de efecto.

El tono político también se ha atemperado y en esto Puigdemont ha puesto distancias de forma sutil con la CUP. De hecho, hasta ayer no se descubrió que su investidura llegaba con una mochila mucho más ligera que de Artur Mas. Neus Munté, portavoz del Gobierno, explicó que ni estaba pactada la paralización de BCN World ni tampoco la posible reversión de la concesión de Aigües Ter Llobregat. Más bien quiso dejar claro que los únicos pactos alcanzados con la CUP eran poner en marcha un plan de choque social y dar estabilidad al Gobierno.

Es cierto que sobre lo que representa dar estabilidad parece que el Govern y la CUP no se ponen de acuerdo. Uno afirma que se trata de dar estabilidad total -lo que incluiría Presupuestos- y los otros que los Presupuestos se quedan fuera. De hecho, los cuperos quieren mejorar la dotación del plan de choque a costa de mayores impuestos y de la renegociación de la deuda. La formación esgrime que es un acuerdo que se firmó en la declaración rupturista del 9N y quieren que se fije en los Presupuestos.

Pero Junts pel Sí está dispuesto a negociarlos con otros partidos. Este primer mes del presidente ha sido útil para desvelar que, aunque en la independencia van juntos, Junts pel Sí y la CUP se han separado en lo económico. Incluso Oriol Junqueras trata de convencer a la CUP de que subir ciertos impuestos -como el de Sucesiones- puede tener el efecto contrario y reducir los ingresos. Esta separación "ideológica" también ha tenido consecuencias, como que las alas más radicales de la CUP hayan pedido renunciar al pacto con JxSí y se hayan escindido de la formación de extrema izquierda. Está por ver si esto no dañará la gobernabilidad.

En lo que existe una contradicción respecto a lo que parece ser el deseo de no tocar en exceso los impuestos, es que el único proyecto de ley que se ha puesto en marcha este mes haya creado un tasa medioambiental. Ojalá que, cuando se siente con el nuevo Gobierno de Madrid, también Puigdemont sea incongruente y negocie una forma de convivir dentro de España.

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