Si quiere usted pagar el canon digital a la SGAE, hágalo. Pero nadie le obliga ya a ello. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo y la Audiencia Provincial de Barcelona han ratificado que las empresas, los profesionales y administraciones públicas no tienen que abonar absolutamente nada
La Audiencia Nacional ha eliminado la orden ministerial que regulaba tanto los dispositivos como las tarifas desde 2008 y, por si fuera poco, dos juzgados de lo mercantil han declarado nulos todos los pagos realizados desde ese año por Nokia y Dell.
Diga lo que diga así la SGAE y el resto de entidades que gestionan en España los derechos de autor, la justicia ha sido clara y contundente: el canon digital es una tasa "indiscriminada y abusiva", es ilegal y no se debe pagar. Fue una compensación establecida por el Gobierno socialista para premiar el apoyo de la SGAE a su causa a costa de los ciudadanos, dando por hecho que todos eran culpables y que, por lo tanto, tenían que pagar una compensación por hacer copias.
Lo peor es que el presidente de la SGAE, Teddy Bautista, vuelve a quedar otra vez en entredicho y su nefasta gestión puede llevar ahora a la entidad de derechos de autor a la ruina si tiene que empezar a devolver el dinero a empresas y particulares. Gran parte de lo recaudado lo ha invertido en crear un imperio inmobiliario por todo el mundo y gestionar su propia empresa teatral, Arteria, que utiliza además para competir con compañías privadas. Todo ello pese a que se trata de una entidad sin ánimo de lucro.
La SGAE suma un despropó- sito tras de otro, mientras sigue reclamando dinero a hosteleros que ya han fallecido, a peluquerías que cometen el pecado de encender la radio o a Ayuntamientos que organizan fiestas patronales para revivir sus tradiciones. Una cosa es recompensar a alguien por su obra y otra muy distinta intentar vivir a costa del prójimo.
Los autores deben vivir de su trabajo, eso está claro, pero debe haber un justo equilibrio entre ellos y el ciudadano que disfruta de su obras.
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