Los casos de corrupción que se están descubriendo e investigando en el Partido Popular deben avergonzar a esta formación política y a sus actuales dirigentes, que deberían cada día que pasa pedir perdón a los españoles por haber tenido al lado a corruptos que sólo han sido desenmascarados cuando los jueces han puesto el foco sobre ellos.
Las sospechas judiciales más que fundadas de financiación ilegal en algunos territorios (Valencia, Madrid) y el pago en dinero negro de las obras de reforma de su sede central demuestran que la responsabilidad en la vigilancia de las cuentas de esta formación política debe ser depurada. El PP no ha comprendido la gravedad que tiene todo esto, que exige decisiones implacables.
En el PSOE ha caído como una bomba el auto judicial que cierra la instrucción de la pieza política del caso ERE, porque abre el camino hacia el banquillo de los acusados de personajes que fueron presidentes de una comunidad autónoma, vicepresidente del gobierno, ministros, presidentes del PSOE, diputados y senadores.
La presencia en ese auto como encausados de Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, Mar Moreno y todos los demás, hasta casi treinta altos cargos, imposibilita a cualquier dirigente actual de este partido a realizar acusaciones de corrupción al resto de formaciones. Eso es lo que debería ser, pero no lo que ocurre a diario.
La contestación pública de la dirección socialista a este torpedo judicial sobre su línea de flotación ha sido mejorable. Pedro Sánchez, el látigo contra Mariano Rajoy por su inacción contra la corrupción en el PP y por su indecencia, ha afirmado que él es un político limpio, y tiene toda la razón. Ni una sola causa judicial en España lleva su nombre ni como investigado, ni siquiera como testigo. Situación idéntica a la de Rajoy.
El PSOE a través de su portavoz parlamentario ha defendido la honradez de Chaves y Griñán alegando que no se han llevado ni un céntimo. El azote de los corruptos del bando contrario se ha disuelto como un azucarillo cuando los corruptos están en su propio bando. Algún diario global le ha echado una mano: no es corrupción personal, lo que debe ser un eximente para todos menos para el juez Álvaro Martín. La eterna teoría de que hay corrupción mala, la de los demás, y corrupción buena, la de los míos.
Financiación ilegal es también establecer una red clientelar de compra del voto, ya que tener asegurado-comprado el apoyo en las urnas permite gastar el dinero del partido en otras cosas. Haber tejido una red clientelar en Andalucía como dice el auto judicial es tan grave como haber recibido el pago de comisiones para afrontar los gastos de una campaña electoral. En esto el PP de Valencia empata con el PSOE de Andalucía. Los socialistas andaluces no necesitaban pagar con dinero negro sus campañas por la sencilla razón de que según la instrucción habían comprado buena parte de los votos.
La estrategia política de hacer creer a los españoles que el PP es el partido de la corrupción y que todos sus casos ilegales son responsabilidad de su líder se cae estrepitosamente con esta instrucción de los ERE que acaba de llegar a su final. Es un error apoyar la descalificación de indecente lanzada al adversario por la inoportunidad de un mensaje de móvil, un SMS que por otra parte debería suponer la constante petición de disculpas a los españoles por parte de quien lo envió. Algo que no ha ocurrido.
¿Qué hará Sánchez tras este auto de cierre de la instrucción de uno de los mayores casos de corrupción descubiertos en España? Pues todo apunta a que mantendrá su acoso a Rajoy y al PP señalándoles como el partido de la corrupción, silenciando por interés propio esta montaña de hechos delictivos e imputaciones de un grupo de dirigentes que anidó en la federación territorial más importante del PSOE. Y que mantendrá también su inadmisible y antidemocrático veto a la fuerza política con la que debería estar desde hace seis meses pactando las grandes reformas de Estado que necesita nuestro país.
