Política

El caso del espionaje en Madrid no ha sido el único en la democracia española

Aguirre, en el ojo del huracán por dar carpetazo a la comisión de investigación.

El caso del espionaje en la Comunidad de Madrid no ha sido ni de lejos el primero que estalla en el período democrático español. En estos 30 años, ha habido varios escándalos de esta naturaleza, que incluso forzaron la dimisión de un vicepresidente del Gobierno: Narcís Serra tuvo que dejar el Gobierno en 1995 junto al ministro de Defensa precisamente a causa de la revelación de que el CESID había espiado a diestro y siniestro, incluido el Rey.

Los tres episodios de este índole que fueron especialmente relevantes son los siguientes:

El escándalo del espionaje a partidos

En 1985 estalló el escándalo del espionaje policial a partidos políticos. La prensa de Madrid -El País en concreto- publicó informes sobre acuerdos de la dirección de AP llegados a la Brigada de Interior antes de que se hicieran públicos, sobre comentarios privados del presidente del Gobierno, Felipe González, o de Jordi Pujol, por ejemplo.

Aunque el contenido de la mayoría de esos informes era banal, algunos incluían datos susceptibles de aprovechamiento político por partidos rivales. La Dirección General de la Policía amenazó con querellarse contra los periodistas que habían destapado el asunto.

El PSOE, con mayoría absoluta en la Cámara, impidió que se crease una comisión de investigación, y la causa abierta ante los tribunales tras querellas de AP y el PCE acabó siendo archivada en 1989.

Pero aquel asunto dio muchas vueltas antes de su desenlace: tras conocerse el espionaje sobre AP -180 informes fueron recogidos por el juez instructor- salió a la luz el espionaje al PCE merced al descubrimiento de informes que la propia policía intervino en 1983 al subcomisario José Antonio Medina, que había estado destinado en la Brigada de Información Interior. Este policía fue procesado por el presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos, ya que, como los mandos de la policía reconocieron, se había llevado informes secretos, como algunos del PCE, de las dependencias de la unidad policial.

Otros documentos policiales citados en el mismo sumario se referían también a la existencia de un informe realizado por policías sobre Felipe González, fechado en 1977, del que se dice que "fue elaborado con carácter confidencial para uso exclusivo profesional".

Otro informe contenía la fotocopia de una carta enviada en 1978 por el Centro de Estudios Populares España Hoy, de Alcoy, al jefe de la Casa Civil del Rey. Dos documentos relatan también en qué consisten las operaciones militares bautizadas en 1974 con los nombres de Brújula y Ron. Otro, de 1978, consistía en un detallado informe sobre las relaciones Iglesia-Estado.

En febrero de 1988, eran citados ante el juez cinco policías de la Brigada de Información Interior, varios de los cuales ya prestaron declaración en 1985 por su presunta participación en el espionaje AP. Días después debieron acudir al juzgado seis policías; entre ellos, el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y el jefe de la citada brigada, Alberto Elías. Como se ha dicho, el procedimiento terminó siendo sobreseído aquel mismo año.


El caso de las escuchas vascas

El 22 de agosto de 1986, el entonces presidente de Telefónica, Luis Solana, informó a Carlos Garaikoetxea de que el teléfono de su domicilio en Zarautz había sido objeto de un pinchazo. Acababa de producirse la ruptura entre los sectores del PNV que encabezaban Arzalluz, por un lado, y el propio Garaikoetxea, por otro.

En declaraciones que recogía la prensa al día siguiente, el ex lehendakari (había dimitido a finales de diciembre) insinuaba claramente que el pinchazo era obra de servicios dependientes de la Consejería de Interior del Gobierno vasco: de "neófitos que empiezan a utilizar los resortes del poder recientemente adquirido". Su hombre de confianza, Markel Izagirre, señalaba que "este Watergate tendrá su Nixon".

La reacción de los aludidos fue de ofendida indignación, seguida por insinuaciones de que podía ser un montaje del propio Garaikoetxea. Apoyándose en la información de Solana de que el pinchazo era "una chapuza elemental", Arzalluz escribió que las circunstancias "hacen pensar en algo hecho para ser descubierto (...) en el más puro estilo de quien lanza la piedra, descalabra al vecino y se pone él mismo la venda". (Deia, 24-8-1986).

El entonces portavoz del PNV, Xabier Aguirre, opinaba en el mismo diario que lo que se pretendía por parte del "sector crítico" era "que Garaikoetxea aparezca una vez más como víctima propiciatoria, un papel que sabe interpretar magistralmente".

Sin embargo, la investigación judicial abierta tras las denuncias presentadas permitió identificar a los autores del pinchazo: dos agentes de la Ertzaintza y el jefe de la Red de Comunicaciones del Gobierno vasco, los cuales, según el sumario, tras presentarse en la subestación de Telefónica en Zarautz con una autorización judicial para intervenir el teléfono de un supuesto narcotraficante, realizaron la conexión entre el del ex lehendakari y el de otro domicilio; en teoría, el lugar desde el que se proponían realizar las escuchas, aunque se confundieron (por una cifra) en el número, y la conexión se produjo con la casa de un vecino ajeno al asunto, lo que provocó los cruces de conversaciones que alertaron a Garaikoetxea y le hicieron reclamar a Telefónica.

La reacción inmediata de los tres imputados fue anunciar una querella criminal contra Garaikoetxea y su abogado por lo que consideraron atentado a su honor. Pero para cuando se celebró el juicio, en abril de 1991, uno de los dos ertzainas había confesado los hechos y declarado que el consejero del Interior estaba al tanto.

Finalmente, fueron juzgadas seis personas: las tres que montaron el dispositivo más el consejero, un sargento de la Ertzaintza (que sería posteriormente asesinado por ETA) y un ex miembro de ETA conocido por el alias de El Cabra, que figuraba como asesor del departamento de Interior y era quien había alquilado el piso desde el que se pensaban realizar las escuchas.


El escándalo del CESID

El 15 de junio de 1995, el entonces vicepresidente Narcís Serra hizo pública la dimisión del director general del CESID, Emilio Alonso Manglano, por los errores cometidos en la custodia de documentos confidenciales.

Pocos días después, el 29 del mismo mes, Felipe González, presidente del Gobierno, aceptaba la dimisión del propio Narcís Serra y del ministro de Defensa, Julián García Vargas. El motivo por el que cayeron estas tres destacadas cabezas del Gobierno socialista fue porque el 12 de junio la prensa de Madrid -El Mundo, en concreto- publicó que "el CESID lleva más de diez años espiando y grabando a políticos, empresarios y periodistas". Pero este diario fue aún más lejos y pudo demostrar que entre las personas espiadas y grabadas figuraban su Majestad el Rey y algunos de sus amigos personales.

Alonso Manglano, director del CESID desde que en 1981 lo nombrara el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo, no supo aclarar el motivo de las escuchas y se limitó a decir que se hacían de forma aleatoria. Quien sí supo calificar la actitud de Manglano fue el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo: "Manglano fue un buen vasallo mientras tuvo un buen señor".

El 21 de junio el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acusó a Manglano de grabar ilegalmente conversaciones y pocos días después tuvo que declarar ante la titular del Juzgado 43 de Instrucción de Madrid en calidad de imputado.

Era la primera vez, en toda la historia del espionaje militar español, que un director de unos servicios de información pisaba un Juzgado por sobrepasarse en sus funciones. Manglano, y su equipo de colaboradores, se habían dedicado durante más de diez años a espiar y grabar a personajes públicos.

El CESID repetía los modos, formas y maneras que su antecesor, el CESED. El Centro de Estudios Superior de la Defensa, adscrito al almirante Carrero Blanco, tenía como función principal controlar y vigilar a todos los opositores del régimen de Francisco Franco.

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Comentarios 1

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¿por que Esperanza Aguirre cierra la comisión de investigación ?
A Favor
En Contra

¿ Por qué Esperanza Aguirre cierra la comisión de investigación sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid?

Quién se niega a que se haga la luz sobre asuntos turbios,

es porque tiene algo que esconder.

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#1