Política

La nueva financiación se aprobará con la abstención del PP

Rajoy ha odenado a 'los suyos' la abstención.

Tras el tormentoso proceso de reforma de los Estatutos de Autonomía durante la legislatura anterior, resultaba impensable que PP y PSOE pudieran llegar espontáneamente a un acuerdo sobre la financiación autonómica que habrá de regir en el nuevo modelo, ya con seis estatutos de autonomía reformados (además de Cataluña, Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Castilla-León).

Sin embargo, ante la amenaza del voto en contra de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular -Rioja, Madrid, Valencia-, Rajoy ha impuesto prudentemente la abstención, que en realidad supone la puesta en marcha pacífica del nuevo modelo y la apertura de una serie de negociaciones bilaterales que terminarán de encajar el conjunto. La actitud pragmática del líder de la oposición supone una buena noticia para este país por cuanto elimina de facto una hipotética fuente de inestabilidad que no hubiera resultado en absoluto favorable para la gestión de la crisis económica, que es -sigue siendo- la prioridad principal de este país.

En efecto, el actual modelo de financiación arrancó en la última etapa del Gobierno González, cuando el Estado cedió a las comunidades autónomas el 15% del IRPF, ante la protesta acalorada del Partido Popular. En 1996, tras las elecciones generales que dieron la victoria a Aznar por escaso margen, PP y CiU negociaron una reforma del modelo que incrementaba aquel porcentaje hasta el 30% y otorgaba a las comunidades capacidad normativa; en aquella ocasión, las protestas del PSOE fueron menos intensas, probablemente a causa de la crisis interna que atravesaba el Partido Socialista. En 2002 tuvo lugar otra reforma, en la que ya se transfería a las CCAA una"?cesta de impuestos"; sin embargo, aquella reforma fue muy rígida y no permitió la adaptación gradual del sistema a los cambios, hasta el extremo de que los recursos otorgados dejaron de tener relación con la población real de las regiones. Ahora, el modelo se adapta a las condiciones reales y se hace flexible, con lo que podrá mantenerse adaptado a los movimientos demográficos y al cambio de condiciones.

El sistema distribuyó unos 114.000 millones de euros en 2007; ahora se incrementa la participación de las autonomías en los principales impuestos (hasta el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales) y el Estado aportará unos 11.000 millones de euros adicionales más. Es evidente la mejora que ello supone para todas las comunidades, que además se financiarán conforme a criterios objetivos. Es cierto que Cataluña mejorará su financiación, pero también lo harán sensiblemente las regiones que más población han acumulado últimamente -Madrid, Valencia, Baleares-, que habían quedado en condiciones muy precarias, con una financiación per capita muy baja para los servicios esenciales.

La actitud del PP es razonable

Demagogias aparte, el camino emprendido por el PP es el razonable: ahora habrá que ajustar la financiación de cada comunidad en las correspondientes comisiones bilaterales, que deberán tomar en cuenta los elementos olvidados o las carencias del sistema. Será entonces cuando se afinen los criterios de equidad. Con la particularidad de que la Ley Orgánica de Financiación (LOFCA) se adaptará anualmente a los nuevos parámetros.

Es, en fin, el momento de la reflexión. Y de la puesta en común de todos los recursos -estatales, autonómicos, municipales- al servicio de la recuperación económica. Es cierto que el Gobierno socialista consigue así cerrar su contencioso con la Generalitat y atraer estabilidad parlamentaria gracias al apoyo de ERC y de Coalición Canaria. Pero sería cicatero ver exclusivamente el asunto a través de este prisma: a todos nos interesa el cierre del Estado de las Autonomías, que ponga fin a unas tensiones desestabilizadoras que ya han durado demasiado tiempo.

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