La confusión y la falta de información fiable en torno al caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, que el propio Gobierno de la Junta no ha ayudado a aclarar por ahora, está intentando ser contrarrestada por la oposición del PP regional, personado como acusación en el proceso que tramita la juez Mercedes Ayala en Sevilla.
Fuentes de esta formación señalaron ayer a este diario que el número de expedientes en los que presuntamente habría irregularidades y que están siendo investigados por ese juzgado "supera ya ampliamente el centenar", tras la reciente recepción de abundante información entregada por la Policía judicial.
Las empresas investigadas
Un primer listado de 39 empresas presuntamente investigadas, algunas de las cuales negaron ayer a elEconomista cualquier irregularidad en esos procesos, se conoció el pasado fin de semana de fuentes cercanas a la investigación. Estas compañías son las que habrían contado con la aseguradora e intermediaria Vitalia para tramitar los ERE.
Esta firma siempre contó con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, que está en el centro de la trama para incluir a falsos trabajadores en los expedientes. Él mismo y su esposa quedaron presuntamente incluidos de forma irregular en el ERE de la firma malagueña Hitemasa.
El juzgado ha recibido ahora documentación procedente del registro de cinco sedes de la aseguradora Uniter, la otra entidad inter- mediadora que está en el ojo del huracán. Antonio Sanz, secretario general del PP, señaló ayer que, aunque el número de expedientes sospechosos es actualmente incalculable y que sólo conocemos "la punta del iceberg", con la información de Uniter "más que se duplica el número de ERE potencialmente sospechosos respecto a los casi 40 identificados hasta ahora".
Viraje
Precisamente ayer, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento regional, el consejero de Empleo, Manuel Recio, ante varias preguntas del PP, aseguró que no tiene "nada que objetar a la utilización de especialistas del mercado de seguros para lograr las mejores coberturas y los mejores precios y condiciones". Pero en ningún momento se refirió a por qué esas firmas recurrían a Lanzas de forma sistemática. Esperanza Oña, diputada del PP, aseguró que sólo Vitalia había intervenido en 130 ERE, de los que en torno a los 40 citados estarían siendo investigados por la juez .
Oña, al igual que Sanz, criticaron que nunca se contratara desde Empleo a esas aseguradoras por concurso público, sino restringido.
Por su parte, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, respondió tanto al PP como a IU que no está de acuerdo en crear una comisión de investigación sobre el caso en el Parlamento. Ambas formaciones presentaron ayer la propuesta, que fue rechazada con los votos del PSOE. "La investigación más seria es la judicial. Una comisión de investigación sólo servirá de altavoz para los intereses partidistas de algunos", justificó el presidente.
Información fiable
A ello añadió, ante las demandas de la oposición de contar con información oficial fiable sobre el escándalo, un viraje importante respecto a la estrategia de información seguida por la Junta en este caso: toda la información derivada de la investigación interna que está desarrollando el propio Gobierno andaluz se enviará únicamente al juzgado. De esta manera, contradice a la propia consejera de Gobernación, Mar Moreno, que señaló el martes que "en breves días" se darían a conocer públicamente más datos de esa investigación interna.
Javier Arenas, presidente del PP andaluz, se mostró convencido en su turno de intervención de que Griñán "antes o después tendrá que aceptar la creación" de esa comisión de investigación. Criticó la fórmula administrativa seguida por la Junta para destinar fondos públicos por 647 millones a sufragar prejubilaciones, ya que aseguró que se incluían en los presupuestos regionales "disfrazados como transferencias de explotación".
Fiscalía Anticorrupción
A renglón seguido enumeró los aspectos que considera más cuestionables de todo el caso. "¿Por qué se mantuvo en su puesto al director general de Empleo durante cinco meses tras ser imputado? ¿Por qué no ha actuado en este caso la Fiscalía Anticorrupción?".
Incidió también, para tratar de rebatir el argumento de la Junta de que ésta ha estado siempre a la vanguardia en el envío de información a la Justicia, que en los dos años que lleva investigándose el fraude de Mercasevilla (origen de todo el escándalo actual) "la Junta jamás se ha personado en él". "Yo me voy a querellar contra todos los que estén metidos como intrusos y me gustaría que usted", en referencia a Griñán, "hiciera lo mismo".
El presidente, que no respondió a esta última apelación, defendió el procedimiento seguido para transferir esos fondos de 647 millones y argumentó que la Intervención General de la Junta "sólo discrepó en el procedimiento elegido, pero nunca cuestionó la legalidad del mismo". Griñán avanzó que remitirá también los informes de la Intervención al juzgado.
