Política

La nueva Ley de Transparencia llegará al Congreso antes del verano

Madrid, 24 ene (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que la nueva ley de transparencia comenzará a tramitarse en el Congreso antes del verano y recogerá, por ejemplo, el coste de las cumbres internacionales o lo que ganan los altos cargos.

Sáenz de Santamaría ha estrenado hoy la primera ronda de comparecencias de los ministros del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha constatado la voluntad del Ejecutivo de modificar el Código Penal para "tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

Se hará de acuerdo con los criterios de intencionalidad, "grave negligencia" en el ejercicio de sus funciones, "quebranto a la Hacienda Pública" o "claro perjuicio de los servicios" que financia, según sus palabras.

La vicepresidenta ha corroborado que el Gobierno reducirá el número de organismos públicos antes de que acabe el año, y siempre en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales.

De hecho, en febrero, el Consejo de Ministros estudiará un informe sobre la reestructuración del tejido empresarial público y las comunidades autónomas, tras informar al Ejecutivo central de cómo quiere proceder a esta revisión, se pondrán manos a la obra.

En los organismos públicos que queden, además, Vicepresidencia establecerá que haya menos miembros en los consejos de administración y una homologación de las retribuciones de los directivos.

Con todo, Sáenz de Santamaría ha hecho hincapié en lo apremiante de una nueva Ley de Transparencia que deje atrás "instituciones opacas".

La norma, entre sus objetivos, permitirá a los ciudadanos conocer cuánto cobran los altos cargos, cuántos funcionarios trabajan en un determinado Ministerio o cuánto cuestan las cumbres internacionales en las que participe España.

Toda esa información se canalizará y se administrará desde un nuevo Portal Digital de la Transparencia, que funcionará como "una ventanilla" al ciudadano y cuyo acceso sólo quedará limitado por interés de la seguridad nacional y de la protección de datos.

Asimismo, el Ministerio de Presidencia, tal y como ha contado su titular, impulsará un BOE personalizado que incluya un sistema de alerta de avisos.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), además, contará con una base de datos más amplia y ofrecerá estudios de otros organismos.

Sáenz de Santamaría ha remarcado que el Gobierno será muy estricto en el control de la gestión de los recursos públicos, especialmente cuando se incumplan las obligaciones que contemplen esa nueva Ley de Transparencia y de Buen Gobierno.

"La respuesta debe ser contundente" cuando se aprecie que un gestor no cumple los objetivos de déficit y de endeudamiento, cuando asuma obligaciones sin crédito, cuando haga facturas sin reflejo contable o cuando no aporte la documentación que le requieran los órganos fiscalizadores.

Cada uno de estos requisitos figurará en el anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Consejo de Ministros aprobará el viernes que viene y enviará con carácter inminente al Consejo de Estado y al Congreso, pues, como ha recalcado la vicepresidenta, el Gobierno quiere hablar desde ya con los grupos parlamentarios.

Con rapidez se negociará igualmente la reforma de la financiación de los partidos y la reducción de subvenciones, y así lo ha expresado Sáenz de Santamaría, pues ambas iniciativas ahorrarán 30 y 80 millones de euros.

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