El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que se someterá ahora a un periodo de audiencia pública de 15 días.
El objetivo es limpiar el sambenito de la 'España corrupta', así como borrar la desafección social hacia la clase política. Como muestra un botón: ya es el tercer problema de la ciudadanía, según se desprende de los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas.
El presidente del Gobierno asegura que con esta norma se pretende "gobernar mejor y que la gente sepa en qué se gasta su dinero o que, si se enchufa a alguien, salgan su nombre y apellidos".
De este modo, Mariano Rajoy consagrará una de las promesas incumplidas por José Luis Rodríguez Zapatero, que intentó llevar a cabo este proyecto desde 2004.
Éstas son sus claves:
1.- ¿Qué datos podremos saber?
Los españoles "podrán saber en qué se gastan el dinero todas las administraciones, conocer todas las subvenciones, contrataciones e ingresos de cada ayuntamiento, comunidad autónoma y del Gobierno", además de permitir que se exijan responsabilidades "a quien haga mal uso", según Mariano Rajoy. Por último, podrá accederse al salario, los gastos y las dietas de los altos cargos del Estado (ministros, secretarios de Estado, subdelegados o directores generales), así como a la cuantía de las ayudas públicas y de la condonación de créditos. La Ley de Transparencia también recogerá límites a este derecho a la información pública (la seguridad nacional y la protección de datos, por ejemplo).
2.- ¿Cómo podremos acceder a esa información?
El Gobierno ultima su Portal Digital de la Transparencia, donde se dispondrá la información de interés público accesible por defecto. Esta página web, además, permitirá solicitar las informaciones que no estén publicadas. El plazo que tendrá el Ejecutivo para contestar a esas reclamaciones aún no está claro.
3.- ¿Quién debe temer? Nepotistas, a temblar
Todas las personas o empresas que trabajen en la 'cosa pública' o ejerzan potestades administrativas estarán sujetas a la nueva normativa.
4.- ¿Qué peligro hay para los tramposos?
La Ley incorporará una disposición adicional que modificará el Código Penal y donde se tipificará como delito el despilfarro de dinero público: la pena sería de entre cinco y diez años de inhabilitación. Asimismo, habrá sanciones a los políticos que oculten facturas, incumplan el límite de déficit público o no aporten la documentación requerida
5.- ¿Cuándo entrará en vigor?
El próximo lunes se abrirá un plazo de diez días para que el ciudadano que lo desee realice aportaciones o sugerencias al texto. Finalizada esta fase, comenzará su tramitación como ley.
6.- ¿Estaba España rezagada en esta cuestión en el contexto internacional?
España dejará de ser el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no cuenta con una similar. De hecho, Rajoy se inspira en el modelo de Estados Unidos, que impulsó el portal data.gov. Prueba de ello, el Ejecutivo quiere adherirse al Open Government Partnership, auspiciado por Barack Obama y Dilma Rousseff.
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Las sanciones a incumplidores
