El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avanzado en el Congreso de los Diputados algunas de las novedades de la reforma legal que pretende llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a los actos vandálicos como los que tuvieron lugar en Barcelona durante la huelga general. Entre ellos, incluir como "delito de integración en organización criminal" alterar "gravemente el orden público" y concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales.
"Nos parece fundamental para hacer frente a estos movimientos que actúan concertadamente previamente y con técnicas de guerrilla urbana incluir como delito de integración en organización criminal las acciones cuya finalidad sea alterar gravemente el orden público y aquellas que, con tal fin, se concierten por cualquier medio de comunicación", ha explicado el Ministerio debido a que en el interior del hemiciclo Fernández Díaz no pudo terminar de concretar esta medida por falta de tiempo.
"También pretendemos incluir como delitos de desórdenes públicos los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público", ha añadido.
Pena mínima de dos años
Fernández Díaz ha precisado que la pena mínima por convocar algaradas por Internet será de dos años para que los fiscales puedan pedir prisión provisional para sus autores y los jueces, en su caso, acordarla.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Fernández Díaz ha precisado que la propuesta en la que está trabajando el Ministerio del Interior con el de Justicia se traducirá en una reforma del Código Penal en la que se incluirá que sea tipificado como delito esas conductas y que la pena mínima que se imponga a sus responsables sea de dos años.
De lo que se trata, según el titular de Interior, es de intentar hacer frente a una violencia urbana que está coordinada previamente y que, mediante técnicas de la guerrilla urbana, ocasiona "una gran violencia" sobre las personas y los bienes.
Atentado contra la autoridad
Antes, Jorge Fernández Díaz, había avanzado en la Cámara el deseo de Interior de incluir "como delito de atentado contra la autoridad la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas".
Ha dicho que tampoco está tipificada "de manera adecuada" en estos momentos la resistencia pasiva, es decir, la actuación de aquellas personas que desobedecen "de forma reiterada" las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
"Hay que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la exclusividad de la actuación con fuerza, que son la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas --ha proclamado Fernández Díaz--, porque no se puede estar pasivamente ante actuaciones de las de algunas personas que desprecian, injurian y desobedecen a las Fuerzas de Seguridad".
Entidades
Serán delitos de kale borroka
