El fraude orquestado por el empresario José Luis Aneri, a costa de los fondos públicos destinados a formación de trabajadores, cuenta con dimensiones estatales, y los Servicios Públicos de Empleo tienen que emplearse a fondo en su investigación.
Fuentes cercanas a ese organismo revelan a elEconomista que sus inspectores tienen ya avanzada la investigación de "entre ocho y diez" grandes cursos, cuya organización quedó en manos del empresario cordobés y, presuntamente, le han servido para estafar millones de euros.
Dado que el alcance de esos planes de formación no se restringía a ninguna comunidad autónoma, los fondos que servían para financiarlos no partían de las consejerías regionales, como sí lo hicieron en otros casos (y han dado lugar a investigaciones específicas como ocurre en la Comunidad de Madrid). Su origen, por tanto, se encontraba en los fondos estatales que luego se encarga de distribuir la Fundación Tripartita entre los agentes sociales encargados de ofrecer los cursos.
De hecho, es este último organismo (denominado de esa manera debido a que en él tienen representación el Gobierno, la patronal y los sindicatos) el que ha compilado los expedientes sobre los planes sospechosos de fraude que ahora se encuentran en manos de los Servicios Públicos de Empleo.
Todos ellos tienen una característica común, según apuntan las fuentes consultadas: no despertaron ninguna suspicacia hasta que el escándalo sobre las prácticas de Aneri "saltaron a los medios de comunicación". De hecho, sólo uno de ellos fue sometido a una inspección, antes del escándalo, pero por cuestiones burocráticas, "que nada tienen que ver con la comisión de un posible fraude", reconocen.
Listas infladas
De hecho, el empresario cordobés daba muestras, en su mismo modo de actuar, de que estaba convencido de que no se encontraba vigilado. Así se explica que no recurriera a métodos excesivamente refinados a la hora de inflar el número de alumnos que se apuntaban a sus cursos (y, de paso, incrementar el número de fondos que le correspondían). De hecho, el análisis de las listas de inscritos revela que un mismo nombre podía aparecer como participante en 30 cursos en un periodo de no más de un mes de duración.
Una vez demostrado el fraude, Empleo tendrá que proceder a reclamar las cantidades, pero no será directamente Aneri el encargado de devolverlas. No en vano su papel era el de intermediario, de gestor encargado de la logística, en nombre de las organizaciones patronales bajo cuyas siglas se llevaban a cabo los cursos.
Es el procedimiento que ha seguido la propia Comunidad de Madrid al dirigirse directamente a la patronal de esta región, CEIM, para reclamarle 4,4 millones por un posible fraude en la gestión de fondos de formación relacionados con 35 asociaciones empresariales y profesionales, la mayoría de ellas -para las que se han abierto unos 28 expedientes- gestionadas por Aneri. Pero, en lo que respecta a este caso, no todo acaba en él.
Investigación ampliada
A las empresas vinculadas al empresario cordobés corresponderían 2,2 millones de euros, según explicó ayer Ana Isabel Mariño, consejera madrileña de Empleo, Turismo y Cultura. Mariño, que asistió a un acto organizado por la Comunidad de Madrid y el grupo turístico Globalia en el aeropuerto de Barajas, aclaró que el resto de fondos (hasta llegar a esos 4,4 millones) corresponderían a asociaciones no vinculadas al empresario cordobés. Y advirtió que "hemos ampliado la investigación a sindicatos y asociaciones de empresarios".
Mariño aclaró que, de los 28 expedientes correspondientes a la gestión de Aneri, 14 ya se han tramitado al completo y esto tiene consecuencias claras: "Ya están en revocación, es decir, las asociaciones tienen que devolver el dinero; de no hacerlo incurrirán en una responsabilidad y, por tanto, tendremos que hacer que hipotequen sus bienes".
Mariño fue tajante: "No vamos a consentir ningun tipo de fraude en relación con algo tan sensible como son los cursos a parados y a no parados de nuestra región", según puso de manifiesto.
Las acciones de las consejera tienen más alcance: "He pedido ya, como anuncié hace unos días en la Asamblea de Madrid, al Estado que cambie el sistema por el cual se controlan los cursos de formación continua, porque no podemos seguir transmitiendo a la opinión pública que aquí hay manejos o mamandurrias por parte de sindicatos y empresarios", explicó.
Por tanto, "que se sepa que vamos a controlar absolutamente todos los cursos y que iniciaremos los expedientes que sea necesario para que todo esto se aclare".
Problemas para Arturo Fernández
